El juez, designado por Morales, ordenó también la clausura de la sede de la Tupac. Sienta un precedente grave de criminalización de la protesta social.
A la organización Tupac Amaru le impuso la misma multa y la clausura de la sede central ubicada en la calle Alvear de la capital jujeña durante tres meses.
El fallo fue dictado por el Juzgado Contravencional N° 1, a cargo de Matías Ustarez Carrillo, designado por el gobernador Gerardo Morales en enero. Corresponde al proceso por el acampe que la Tupac Amaru realizó junto a 17 organizaciones sociales, y es la segunda sentencia que recibe en esta semana la dirigente jujeña.
No estoy de acuerdo con esta pena. Están criminalizando la protesta. No me arrepiento de nada porque a los negros les devolví la dignidad y la autoestima, sostuvo Sala al escuchar el fallo.
La audiencia comenzó a las 17, con la presencia de Sala, quien hizo uso de su derecho a pronunciar un descargo: «Todas las decisiones que se tomaron sobre el acampe fueron en asamblea. Nunca me largué sola a decidir por mis compañeros», dijo. Milagro recordó que el acampe se resolvió en asamblea de las distintas organizaciones tras la reiterada negativa de Morales a recibirlas en audiencia.
El acampe fue originado por la falta de respuestas por parte del entonces gobernador electo a los pedidos de apertura de una instancia de diálogo que realizaron de manera formal y en tres ocasiones las organizaciones sociales a partir de la preocupación por la continuidad de las fuentes de trabajo de más de 15 mil cooperativistas.
El derecho a manifestarse está consagrado en diversos instrumentos internacionales y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «la protesta pública parece ser el único medio que permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado».
A pesar que en el acampe participaron más de 20 organizaciones sociales y que todas las decisiones se adoptaron en asambleas públicas y multitudinarias, las únicas juzgadas fueron Milagro Sala y la Tupac Amaru. Según indicó Rodolfo Rocamoso, también designado por el contador Morales y que integra el departamento contravencional y ofició como parte acusadora, solo se investigó a la citada organización barrial «porque era la más conocida, y si se hubiera convocado a todas no se hubiera terminado nunca con este proceso».
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