Nueva fase: el gobierno aspira a una mejora y la oposición se divide entre»halcones» y «palomas»

«Todavía no sabemos si recularon o si están tomando carrera, pero hay que ver con qué Alberto Fernández nos vamos a encontrar a mediados de julio», dice una de las autoridades del PRO para reflejar las especulaciones que hacen los socios de Juntos por el Cambio. La atención está concentrada en el desgaste por las consecuencias económicas y políticas del aislamiento que afrontará el Gobierno cuando haya concluído el regreso a la fase 1 en el AMBA. Comenzará el próximo miércoles y se extenderá hasta el 17 de julio, con una incierta posibilidad de renovación por otros quince días.

En la alianza opositora ya no se vive la excitación del sábado antepasado, después de las protestas que impulsaron sectores autoconvocados del agro, con apoyo de la Mesa de Enlace y de Cambiemos, contra la intervención y eventual expropiación de la cerealera Vicentin. Por fuera de la cerrada «defensa de la propiedad privada», el llamado promovido por los sectores más duros de Cambiemos también estaba concentrado en repudiar un eventual endurecimiento del aislamiento, pero el mensaje comenzó a encontrarse con dos países distintos.

En la Casa Rosada y en los gobiernos porteño y bonaerense, el endurecimiento está sostenido por los datos. Así como el presidente justifica la necesidad de hacerlo para evitar una saturación del sistema sanitario, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta le dice lo mismo a los suyos. «Habíamos dicho que cuando la cantidad de contagios superara los mil casos diarios revisaríamos nuestros pasos y eso hicimos. El momento más difícil ha llegado», define un alto funcionario de Larreta para reconocer que, desde el miércoles, la agenda política de la zona más poblada del país volverá a estar concentrada en la evolución de la tasa de contagios, con una estética urbana muy similar a la vivida luego del 18 de marzo.

Cien días después, el pico de la curva contagios parece haber llegado, pero con un 85% del país en etapas más leves de restricción. En el Gobierno no pierden de vista que en el interior el relajamiento de la cuarentena deja paso a una silenciosa reactivación que se ve muy poco en Buenos Aires pero que los gobernadores oficialistas y opositores comienzan a percibir. Para Fernández, Kicillof y Larreta no habrá otra agenda posible que la evolución de la pandemia. Pero en las demás provincias los debates políticos volverán a concentrarse en la economía y en los horizontes de la pospandemia.

Ese fenómeno divide a Cambiemos respecto al posicionamiento de Larreta y los intendentes macristas del conurbano bonaerense. El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dice que Larreta «está atado de pies y manos y tiene que cumplir lo que le bajan», como una forma de distanciarse del dialoguismo porteño con La Nación y exigir una «cuarentena inteligente» para evitar una crisis económica peor. En la Ciudad retrucan y dicen que el mendocino redobla la apuesta porque está en una zona donde no hay transmisión comunitaria. Por eso «se hace el rebelde», dicen, porque le toca decir lo que los gobernadores radicales no plantearán en medio de la coordinación sanitaria. «Nosotros seremos más estridentes pero no buscaremos debilitar al gobierno. No somos como ellos cuando son oposición, sólo estaremos atentos», respondieron cerca del diputado y exgobernador cuyano.

En la Cámara baja también toman distancia del discurso duro que adoptó Cornejo para la etapa que se avecina en Buenos Aires. «Representar el enojo e incitar a la rebeldía de la cuarentena es muy peligroso porque después te pasan cosas. Se te empieza a morir la gente y vos te tenés que esconder», alertó un diputado del PRO que no comparte la decisión de un sector del partido, liderado por Patricia Bullrich, de reorientar su artillería discursiva hacia el «hartazgo social de la cuarentena». La conducción de los dos partidos más grandes de Cambiemos buscará capitalizar el malestar y la angustia de las clases medias urbanas del AMBA. Tanto oficialistas como opositores sostienen que el Estado tuvo numerosas dificultades para llegar a ese universo y las falencias quedarán expuestas con más fuerza ante el regreso a una nueva cuarentena estricta que implicará el cierre de comercios.

La mira del Gobierno nacional estará puesta en la administración de la crisis sanitaria, junto a Ciudad y Provincia. Sus funcionarios esperan que el clima del endurecimiento esté teñido por una sucesión de cifras ascendentes en materia de contagios porque los efectos positivos de las restricciones comenzarán a percibirse en su segunda quincena de julio. Por debajo del desarrollo de ese ciclo viral, avanzará otra etapa de la recesión por la cuarentena que encierra grandes interrogantes sobre el comportamiento del humor social.

En los sondeos que manejan en las tres administraciones el temor al contagio es tan alto como la posibilidad de padecerlo y los pronósticos sobre la economía son tan sombríos como el impacto cotidiano de la crisis. Aún así la imagen positiva de Fernández no baja del 60%, a pesar de los traspiés vividos en la última semana por las contramarchas sobre el caso Vicentin y la renegociación de la deuda externa.

Para la oposición los planes del oficialismo para la cerealera están en revisión, pero todavía pueden prosperar. Si sucede será momento de redoblar el antagonismo, aunque la mayor atención ahora se centra en la negociación con los bonistas. «Ya no es un tema de dos o tres centavos mas en cada bono. Es que los acreedores consideran que es un caso testigo con un defaulteador serial como la Argentina», analizan en Cambiemos.

Los nuevos plazos para conocer un desenlace se postergaron para cuando haya concluído la nueva fase 1 en el AMBA. Su lejanía en el tiempo, dado el ritmo febril de la crisis, lo saca de la agenda opositora. En el Gobierno saben que la densidad de la cuestión sanitaria también diluirá los reclamos de un plan para la poscuarentena y la oposición se debatirá entre repudiar el aislamiento o aguardar otro traspié de la coalición oficialista para intentar su capitalización. El caso Vicentin, por ahora, quedará encapsulado en Santa Fe y su derrotero definirá si el Ejecutivo retoma la idea de la expropiación. Por ahora hay tiempo: el Congreso podría no volver a sesionar hasta después de las vacaciones de invierno. Pero la oposición no veló las armas porque el protocolo para realizar sesiones mixtas ya venció y los negociadores de Cambiemos no tienen apuro en renovarlo.