Nueva grave crisis institucional en Venezuela

El Asamblea Nacional venezolana está claramente controlada por la mayoría opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y declaró al presidente Nicolás Maduro en «abandono del cargo» al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, y pidió la celebración de elecciones. De todas maneras, el Tribunal Supremo de Justicia, que responde al gobierno, determinó que el Parlamento carece de facultad para destituirlo.

Claro que la declaración es una demostración muy clara de la extrema puja de poderes que se advierte en torno al gobierno venezolano. Este nuevo episodio no hace más que realzar el conflicto institucional que existe al menos desde la muerte del comandante Hugo Chavez, en marzo del 2013.
Julio Borges, el líder de la Asamblea Nacional, al leer el acuerdo, aseguró: «Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto». El extenso documento, también asegura que «Maduro ha provocado una crisis sin precedentes en Venezuela», al tiempo que está «al margen de la Constitución por provocar devastación económica (…) y ruptura del orden constitucional». Lo acusa luego de «violentar los derechos» de los venezolanos.

De todos modos, en la misma jornada, el Tribunal Supremo de Justicia, en teoría independiente, aunque acusado de parcial por la oposición, al contar con una mayoría de magistrados vinculados con el chavismo, publicó un texto en el que se aclara taxativamente que la Asamblea «no tiene facultad para destituir» al presidente Maduro, quien, añadió el TSJ, está «en ejercicio de sus atribuciones constitucionales».

Los parlamentarios opositores acusaron a Maduro de incumplir deberes y de hundir al país en una crisis sin precedentes. Se le achaca la responsabilidad por la escasez de alimentos y medicinas; por la inflación, que fuera del 475% en 2016 según el FMI, y una criminalidad desbordada.
El férreo antichavista, Henry Ramos Allup, desde su banca, aseguró: «Esto es un gobierno fallido por eso hay abandono del cargo. No le sigan metiendo presión a esa caldera». Pero, por su parte, el líder del oficialismo en el parlamento, Héctor Rodríguez, llamó a la resolución como un «acto de insensatez e irracionalidad». Su colega Pedro Carreño advirtió: «Cuando satanizan las acciones del presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una ópera bufa más».

La ley venezolana especifica que si la Asamblea declara «falta absoluta» del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se debe llamar a elecciones en 30 días. Luego de ese límite, el vicepresidente lo reemplazará automáticamente y se completará el periodo presidencial de seis años. Justamente hace pocos días Maduro nombró vicepresidente a un «chavista radical», Tareck El Aissami, de 42 años, quien tendrá la responsabilidad inmediata de manejar un «comando» contra planes «golpistas» de la oposición.