Hubo asambleas, ollas populares y movilizaciones. Participaron UTEP, Unidad Piquetera, ATE y las CTA, entre otros.
Con el respaldo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), los integrantes de las agrupaciones se concentraron al mediodía en las inmediaciones del Obelisco porteño, sin interrupción del tránsito en la zona, donde realizaron asambleas y ollas populares en rechazo al DNU del gobierno Nacional.
La jornada de protestas fue convocada en el Obelisco por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, la CTA Autónoma; el Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la organización Libres del Sur y el Frente Barrial de CTA-T, entre otras.
El Ministerio de Seguridad, por su parte, sostuvo en un comunicado que «gracias al exitoso despliegue de las fuerzas de seguridad, se logró neutralizar cada uno de los intentos de cortes de calles en todo el territorio nacional».
Las manifestación, señaló el informe, se desarrolló «de forma controlada y pacífica, cumpliéndose acabadamente con el protocolo de orden público».
En ese contexto, la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, dijo en declaraciones a Télam que «realizamos esta jornada nacional de lucha en todo el país con ollas y asambleas, para rechazar el brutal ajuste y atentado a la democracia que está llevando adelante el gobierno de Milei».
Por la mañana un grupo de militantes de organizaciones sociales de izquierda, nucleados en la Unidad Piquetera (UP) y del Frente de Lucha Piquetero, realizó una protesta bajo la consigna «Por una navidad sin hambre en comedores populares» frente al ministerio de Capital Humano, y en reclamo de «una audiencia urgente» con la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.
La protesta, que provocó el corte parcial del tránsito en la intersección de Lima y Moreno fue custodiada en todo momento por un importante operativo de seguridad integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad y del cuerpo de Infantería local, en cumplimiento del nuevo protocolo de orden público.
Tras un encuentro con funcionarios de esa cartera, el referente de la UP, Eduardo Belliboni, aseguró que en el Gobierno Nacional «no tienen un kilo de comida para la gente que tiene hambre» y agregó: «Acá parece que nadie tiene un peso o perdieron la billetera».
«La reunión en sí misma fue buena porque nos recibieron, pero nos dijeron que no tienen un kilo de comida para darle a la gente que está hambrienta en los barrios. Esta es una mala señal del Gobierno», dijo Belliboni, quien encabezó la delegación de militantes de la UP hacia la excartera de Desarrollo Social, portando varias ollas vacías de alimentos.
El dirigente dijo además que la UP se sumará el miércoles próximo a la marcha convocada por la CGT a los Tribunales contra el DNU dictado esta semana por Milei.
También la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a las 13 a la sede de la Jefatura de Gabinete ubicada en Diagonal Sur 782 del centro porteño donde se manifestaron pacíficamente en «rechazo al ajuste y el mega decreto del presidente Javier Milei».
«Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados», exclamó el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
Y agregó: «Son tiempos de derribar algunos mitos. Plata hay, lo que pasa es que la tienen los que siempre la tuvieron y quieren acaparar más. Basta con analizar los balances de las grandes empresas para saber que son los únicos que incrementaron sus ganancias hasta triplicando la inflación».
Con un importante operativo policial -que incluyó también la presencia de efectivos policiales dentro del edificio de la exSomisa- no se afectó la circulación vehicular en la zona.
En tanto, la dos CTA y la UTEP anunciaron en una conferencia de prensa que se suman a marchar junto a la CGT el próximo miércoles hacia Tribunales, en tanto que el viernes 29 realizarán un plenario conjunto para determinar nuevas medidas de rechazo al DNU.
«El miércoles vamos a entregar un pedido de inconstitucionalidad del DNU y, a su vez, presentar un amparo para suspender sus efectos en su totalidad y el viernes nos reuniremos en asamblea a fin de resolver si vamos a un paro general y el plan de lucha», anunciaron hoy las organizaciones en la rueda de prensa.
Para el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, el DNU «viola y violenta más de 300 derechos» y expresó: «Vamos a avanzar en un plan de lucha con los mayores niveles de unidad posibles. Realizaremos acciones conjuntas y coordinadas frente a la Justicia, y alentaremos medidas de acción, asambleas y ollas populares».
El secretario general de la CTA-T y diputado nacional, Hugo Yasky, advirtió que «no se puede gobernar por decreto» y consideró que el DNU anunciado esta semana fue «redactado en una consultoría privada, afecta a todas y todos los trabajadores, e implica que se rifa todo».
En tanto, trabajadores de Trenes Argentinos de la línea Roca se manifestaron en el hall central de la estación Constitución en contra de la «privatización» del ferrocarril.
«Acá somos todos hijos de ferroviarios. No podemos dejar que esto se privatice otra vez. Ya lo hemos vivido esto», dijo un empleado ferroviario en diálogo con Crónica TV.
El Gobierno nacional anunció hoy que se realizó una denuncia judicial por presunta «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con esos delitos.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- entre los participantes de la jornada de protesta del pasado miércoles, que confluyó en Plaza de Mayo.
En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos y, en línea con lo afirmado ayer, indicó que «esa factura se le pasará a los movimientos sociales» para que se hagan cargo de ese costo.
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