El presidente de la Cámara de Diputados les envió a todos los bloques el diseño de una aplicación para poder funcionar a distancia, pero la oposición le exige reunirse y analizar los cambios en persona.

La iniciativa fue girada a los jefes cada bloque este martes por la noche. En respuesta los representantes de Juntos por el Cambio le pidieron a Massa que convoque a una sesión presencial con un temario a consensuar con los jefes de cada bloque. En el texto le recuerdan que en la Ciudad hay lugares amplios para sesionar y le advierten que el borrador tiene una serie de vicios legales. Los procedimientos virtuales que impulsa el oficialismo tiene una serie de críticas opositoras, aunque hay disposición para avanzar con los mecanismos virtuales, pero luego de auditar todos los mecanismos utilizados y de reformar el reglamento en forma presencial.
Ahora la apuesta opositora consiste en una sesión presencial, con un temario a consensuar, donde se podría analizar la reforma del reglamento. Cómo mínimo, esa posibilidad implicaría la presencia de 129 de los 257 diputados para darle quórum y debatir los cambios que impulsa el titular de la Cámara.
Cerca de Massa consideran que se puede sesionar en forma remota para cambiar el reglamento. Esa tensión, que implica una negociación política clave, tendrá su primer round este jueves por la tarde, cuando se reuna por primera vez la Comisión Especial de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, que preside la bonaerense Daniela Vilar del Frente de Todos.
En esa instancia el oficialismo buscará contener las críticas opositoras con una reglamentación especial para sesiones telemáticas, que será girada a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la entrerriana Mayda Cresto, también del oficialismo. En esa comisión se librará la batalla final para definir si la Cámara baja podrá sesionar en forma virtual y si sus miembros deberán reunirse en forma presencial antes de usar los sistemas que ya diseñaron los técnicos de Diputados.
Esa negociación sucede en forma paralela al pedido de certeza de constitucionalidad que presentó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que la Corte Suprema defina si esos mecanismos virtuales tienen validez legal, El Procurador General interino, Ricardo Casal, firmó un dictamen donde consideró que el máximo tribunal no debe expedirse porque se trata de una potestar del Poder Legislativo, aunque la Corte ya habilitó la feria para tratar el tema y sus consideraciones podrían servir para aportar las garantías de legalidad suficientes. También deberá expedirse sobre el pedido que sumó el senador y exgobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que radicó otra «acción declarativa de certeza» sobre el mismo tema.
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