Nuevos controles y restricciones para el represor que realizó un masivo festejo en su casa

A más de dos meses de la gran fiesta que el represor Jorge Antonio Olivera realizó en su casa de zona norte, donde cumple prisión domiciliaria, el Tribunal Oral Federal de San Juan estableció nuevos controles y restricciones bajo apercibimiento de que se revoque el beneficio y deba volver a una cárcel común.

El TOF, integrado por Alberto Carelli, María Paula Marisi y Gretel Diamante, consideró que el mega evento que realizó en su casa Olivera, con show musical a cargo de Palito Ortega e invitados como Cecilia Pando, “desnaturalicen el alcance y el fin de la pena impuesta y de la modalidad de cumplimiento acordada”.

La defensa de Olivera argumentó que esta situación no se encontraba expresamente vedada en las reglas de conducta y que la fiesta era parte del afianzamiento de los vínculos familiares. Sin embargo, los jueces señalaron que se trató de “una extralimitación” y de un “un ejercicio abusivo” del beneficio de la prisión domiciliaria y de los derechos inherentes a él que se exhibe ante la sociedad y, principalmente, frente a las víctimas y a sus familiares.

“La conducta del condenado contradice de manera inequívoca el espíritu de la prisión domiciliaria y la finalidad de la pena; aparece más bien como un desafío a los alcances del instituto”, señaló en sus argumentos el juez Alberto Carelli.

En el fallo, publicado este martes, el Tribunal decidió dejar explícita la prohibición de realizar convocatorias a su domicilio de la misma índole -o similar- a la que realizó, así como eventos políticos, deportivos, académicos, comerciales y de cualquier otra naturaleza, bajo apercibimiento de revocar la prisión domiciliaria.

Dispuso también la intensificación de las medidas de control al condenado: el seguimiento por parte de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP) con visitas presenciales y por medios telemáticos con una frecuencia no menor a una vez por semana, para garantizar el cumplimiento.

Estas medidas fueron solicitadas por los fiscales generales Dante Vega y Francisco Maldonado, luego de que se hiciera público el festejo en la casa de Olivera. Sobrevivientes de la última dictadura, por su parte, también se presentaron para reclamar que se le revocara la prisión domiciliaria al manifestar su “preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad es devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la prisión domiciliaria, de la que gozan los genocidas”. 

Olivera integró la Plana Mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de San Juan como oficial de Inteligencia y también prestó servicios en el Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde” de La Plata. Fue condenado en tres juicios de lesa humanidad realizados en San Juan a la pena de prisión perpetua por los delitos homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestros, robos en la casa de las víctimas, violaciones y abuso sexual.

A pesar de haber permanecido prófugo de la justicia entre 2013 y 2017, en 2021 la Cámara Federal de Casación Penal decidió beneficiarlo con la prisión domiciliaria y se la mantuvo aun cuando presentó un certificado médico sin fecha para ausentarse de su casa.

Su compañero de fuga, Gustavo Ramón De Marchi, quien se encontraba en libertad con dos condenas en su contra por crímenes de lesa humanidad por supuestos problemas de salud, también asistió a la fiesta y producto de eso fue detenido preventivamente por el mismo Tribunal de San Juan.