Veinte días después del gran festejo por los 50 años de casado del represor Jorge Olivera en su casa, donde cumple la prisión domiciliaria, el Tribunal Oral Federal de San Juan dispuso este jueves la detención provisoria de Gustavo Ramón De Marchi, quien se encontraba en libertad a pesar de las dos condenas en su contra por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. 

De Marchi fue liberado en 2022 por el Tribunal Oral Federal de San Juan al dictar la suspensión de la ejecución de sus dos condenas por supuestos problemas de salud del exmilitar. Esa resolución fue luego anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal pero el TOF nunca ordenó que vuelva a prisión. 

La fiesta por los 50 años de casado de Olivera fue el 3 de febrero y días después trascendió en medios locales y nacionales. Participó la militante Cecilia Pando y Palito Ortega hizo un show musical. 

A partir de que trascendiera que estuvo en la fiesta de Olivera, con quien se fugó de la justicia en 2013, el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, pidió que se detenido basado en la decisión de Casación. El TOF de San Juan decidió que sea detenido de manera provisoria mientras analiza los pedidos de las partes. 

Según difundió el sitio Fiscales, el Tribunal le fijó al condenado las siguientes condiciones: residir en el domicilio fijado en el expediente; no trasponer los límites catastrales ni la línea de edificación de ese domicilio; realizar trámites personales a través de un apoderado; abstenerse de desarrollar actividades lucrativas o profesiones dentro del domicilio; control del domicilio mediante rondines policiales y contactos telefónicos y permiso de acceso de los efectivos al lugar cada vez que lo estimen pertinente; solicitar autorización previa al tribunal para efectuar cualquier salida y la designación de una tutora.

MIentras tanto, el TOF también investiga si Olivera violó las condiciones de su prisión domiciliaria al hacer esa multitudinaria fiesta, en la que no faltaron gritos de “Viva la libertad carajo”.

A través de un texto presentado a ese Tribunal, sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar reclamaron que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria y señalaron su “preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad no puede ser devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la prisión domiciliaria, de la que gozan los genocidas”.