El programa utilizado por la ministra para pagar sueldos a funcionarios no designados tiene antecedentes en la Argentina. Un sistema críptico que no es auditado por los Estados.
Esta práctica no es nueva. Convenio mediante, el Ministerio se apoya en un mecanismo de contratación en el que se transfieren fondos a la organización para que ésta contrate los servicios en tareas específicas.
En una nota publicada por el mismo diario en marzo se anunciaba la primera licitación por 20 mil millones de pesos para la compra de alimentos destinados a los sectores más vulnerables, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otra bajo normas de la OEI. También, para el pago de los funcionarios de Capital Humano que todavía no fueron nombrados pero que sí perciben sus salarios a través del organismo internacional, se destinaron unos 1000 millones de pesos.
Se supone que los organismos internacionales garantizan transparencia en la gestión y administración de los recursos, y por los gastos de administración, tanto de las licitaciones o llamado a compulsa de precios, como de las contrataciones, cobran un overhead que es entre el 5 y el 8 % según el monto ingresado.
Desde finales de los 90 estos convenios que tenían una finalidad romántica como el desarrollo de proyectos para la educación, la ciencia, la cultura o el desarrollo humano, se fueron transformando en instrumentos de recaudación para los organismos internacionales. Por el carácter intergubernamental que tiene la OEI recibe para la aplicación de los proyectos cuotas anuales aportadas por los países que lo integran. La arquitectura de estos acuerdos y las formas de ejecución son bastante crípticas y es muy difícil saber qué pasa con los recursos de cooperación una vez que ingresan al organismo dado que no son auditados por el Estado.
Lo que para el organismo internacional puede ser una práctica normal para los gobiernos no tanto, porque dejan entrever su propia incapacidad de gestionar. Es dable que cuando un gobierno como el actual achica al Estado a su mínima expresión aparezcan las ONGs, fundaciones internacionales, las agencias internacionales de cooperación y los organismos que se ocupan de cubrir las demandas a las que el Estado por decisión política no quiere responder.
La aseveración de que los prestadores, tal como se los define en el reglamento interno de la OEI, guardan o no un vínculo con el Ministerio es algo que escapa al organismo, y que solo se limita a evaluar que el perfil del candidato se encuentre alineado con la tarea a desarrollar es algo que está en duda.
Un informe llevado adelante por el periodista Mauro Federico en los programas Minuto Final y Argenzuela dice que se sabe, por fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano, que hay 18 contratos que van de 700 mil a 1,4 millones de pesos, en personas que no son reconocidas ni por el ministerio de Capital Humano ni por el organismo internacional.
Las crisis en el Estado argentino provocaron, también, una connivencia entre los gobiernos y los organismos de cooperación o financiamiento internacionales. En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri y siendo el titular de la OEI Buenos Aires Andrés Delich, exministro de Educación de la fracasada Alianza, este le transfirió a su amigo Hernán Lombardi, a cargo por entonces del Sistema Federal de Medios Públicos, la suma de 255.885.000 de pesos (cerca de 8 millones de dólares de los cuales el 5% por overhead quedan en la OEI) para “brindar apoyo administrativo en la adquisición de bienes y servicios” eludiendo de esta forma la Ley 30225/2015 de Contrataciones del Estado que dice que “todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto”.
En ese momento de la OEI varias fueron las contrataciones. Una de ellas a la empresa Fa Sostenido S.A. para varios shows musicales en Tecnópolis. Esta empresa pertenecía a Laura Ricardes, hermana de Gabriela Ricardes Secretaria de Contenidos Públicos en estrecha relación con Lombardi. Por estas contrataciones Fa Sostenido S.A. cobró dos facturas por $ 180.000 cada una. “Vía Bariloche” es una empresa ligada a Macri a la que Delich le liberó 3,3 millones de pesos para la compra de viandas destinadas a Tecnópolis.
Por otra parte, Mariano Ganem, asesor de Ricardes en el Sistema de Medios, logró que contrataran a través de la OEI a Sebastian Ganem, hermano de Mariano, de la empresa FOH SRL para ejecutar el proyecto Pasearte definido como un mercadito de arte. FOH se llevó 548 mil pesos en una factura y 611.825 mil en otra, sin ningún tipo de licitación que la respaldara. De la misma forma que ahora lo hace Pettovello, Lombardi contrató a sus exempleados reunidos en la empresa PGB Travel & Events SRL a la que les pagó varias facturas por alojamientos y pasajes aéreos entre 150 mil y más de 230 mil pesos cada una.
En 2004 durante la gestión de Daniel Filmus al frente del Ministerio de Educación se convocó a la OEI para manejar las compras de kits escolares y contrataciones vinculadas al Programa de Alfabetización que llevó por nombre “Encuentro” que tenía como finalidad reducir los niveles de analfabetismo en la población mayor a los 15 años. Se podría decir que ésta fue una de las primeras experiencias en la materia ajustadas a los objetivos del programa. El monto transferido a la OEI fue de 1 millón de pesos (U$ 360.000) por Resolución 686 del 28 de junio de 2004 anexo II, por el cual la OEI recibió un 4% por servicios administrativos.
A cargo de esa tarea estaba el gestor de proyectos Luis María Scasso, actual director de la oficina OEI Buenos Aires, quien – según fuentes confiables del Ministerio de Educación- contrató por cuenta propia a amigos y familiares. El escrache de los empleados y funcionarios del Ministerio de Educación no se hizo esperar, lo que le valió en 2006 un exilio forzado en la OEI de Asunción, Paraguay. Desde allí las mismas fuentes aseguran que Scasso apoyaba activamente con fondos y logística de la Organización la candidatura a la presidencia del referente del Partido Colorado, el stroessnerista Luis A. Castiglioni. Lo que resulta curioso es que los jóvenes contratados por Sandra Pettovello son egresados del Colegio Lasalle de Vicente López al igual que Scasso que se formó en el Lasalle de Buenos Aires y luego en la Universidad del Salvador (USAL).
El reglamento interno de la OEI es claro cuando dice que se limitará a abonar los honorarios correspondientes a los prestadores, previa orden y autorización de la contraparte ministerial. Lo que no es claro
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