Ofensiva final en el Senado: el Gobierno busca sancionar la reforma laboral esclavista y la baja de imputabilidad

El Senado de la Nación ha sido convocado para este viernes a las 11 con el objetivo de dar cierre al paquete de sesiones extraordinarias impulsado por el Poder Ejecutivo. El oficialismo, liderado en la Cámara Alta por el bloque de La Libertad Avanza, busca convertir en ley dos de los proyectos más ambiciosos y polémicos de la gestión de Javier Milei: la reforma integral del sistema laboral y la instauración de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La sesión se produce apenas 48 horas antes de que el presidente brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa, configurando lo que desde la Casa Rosada consideran una «victoria legislativa» final para exhibir el domingo.

Reformulación del mapa laboral: flexibilidad y límites a la huelga

La iniciativa de reforma laboral esclavista, que regresa al Senado para ratificar la eliminación del artículo 44 —referente al recorte de haberes en licencias por enfermedad—, propone una reconfiguración profunda de las relaciones del trabajo en Argentina. Entre sus puntos más disruptivos se encuentra la modificación del sistema de indemnizaciones, que a partir de ahora excluirá del cálculo el aguinaldo, premios y vacaciones, basándose únicamente en el salario básico promedio de la actividad. Además, se habilita el pago de dichas indemnizaciones y de sentencias judiciales en cuotas: hasta 12 pagos para grandes empresas y 18 para pymes.

El proyecto también interviene en la organización del tiempo de trabajo. Se establece una jornada máxima de 12 horas (respetando 12 horas de descanso) y se elimina la obligación de pagar horas extras, reemplazándolas por un sistema de compensación horaria. Respecto a las vacaciones, las empresas ya no estarán obligadas a otorgarlas en temporada estival, pudiendo fraccionarse en periodos mínimos de 7 días, garantizando el verano solo una vez cada tres años.

En el plano colectivo, la reforma restringe drásticamente el derecho a huelga al catalogar diversas actividades como «servicios esenciales» (debiendo garantizar el 75% de cobertura) y «servicios trascendentales» (50%). Asimismo, se da por finalizada la ultraactividad de los convenios colectivos: aquellos que estén vencidos perderán sus efectos si no se firma un nuevo acuerdo, eliminando la prórroga automática de beneficios preexistentes.

Régimen Penal Juvenil: baja de imputabilidad a 14 años

Como segundo punto del orden del día, el Senado tratará el proyecto de Ley Penal Juvenil que ya cuenta con la media sanción de Diputados. El eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La norma establece una escala de castigos que va desde sanciones socioeducativas para delitos menores hasta penas de 15 años de prisión para delitos graves.

El régimen propuesto estipula que, para delitos con expectativas de pena menores a tres años, se descarten las medidas privativas de la libertad. Para aquellos delitos que oscilen entre los 3 y 10 años, siempre que no hayan provocado muertes o lesiones graves, se priorizarán castigos alternativos. El texto subraya que los menores bajo reclusión no deberán convivir con adultos y establece programas de resocialización obligatorios como medida complementaria a la sanción penal.

NA