"No hemos hallado ninguna información que sugiera que hubiera actividad alguna de palestinos armados cerca de los periodistas", subrayó la la vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
«No hemos hallado ninguna información que sugiera que hubiera actividad alguna de palestinos armados cerca de los periodistas», subrayó la portavoz y consideró que era «profundamente inquietante que las autoridades israelíes no hayan abierto ninguna investigación judicial». La periodista palestino-estadounidense estaba realizando una cobertura en un campamento de refugiados en Cisjordana y llevaba un chaleco antibalas con la palabra «prensa» estampada y un casco cuando recibió el disparo fatal.
En un primer momento, el Ejército de Israel afirmó que la periodista podría haber sido alcanzada por disparos de milicianos palestinos, si bien testigos y periodistas presentes en la zona rechazaron esta versión y apuntaron directamente a las fuerzas israelíes como responsables. Luego admitió que era necesario hacer una investigación conjunta con Palestina, con la participación de Estados Unidos, por lo que pidió que se entregue la bala para su análisis.
La Autoridad Palestina se negó a entregar la bala, al argumentar que no se puede confiar en que Israel investigue su propia conducta. El asesinato de la reportera de 51 años, nacida en una familia cristiana en la Jerusalén Este ocupada, que además era ciudadana estadounidense, provocó una indignación entre los palestinos, pero también a nivel internacional.
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