Hace 40 años, un operativo de inteligencia se robaba en Rosario parte de la documentación de la CoNaDeP

Las investigaciones por las violaciones de los derechos humanos cometidas en Rosario durante la última dictadura cívico militar habían adquirido un impulso vigoroso en la primavera de 1984, gracias a los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. En este contexto, el juez  Francisco Martínez Fermoselle dispuso el 7 de octubre de ese año, allanamientos a 17 domicilios de la Ciudad que habían sido utilizados como “casas operativas” que dependían del II Cuerpo de Ejército. En esos procedimientos se secuestraron documentos, archivos y fichas sobre personas que se encontraban desaparecidas. Era información vital para esclarecer las causas que se seguían en esos primeros meses 

Pero horas después de haberse realizado esos procedimientos, un grupo de desconocidos ingresaba a los Tribunales de Rosario, y tras reducir al personal policial de guardia se llevaron esos materiales y expedientes con declaraciones testimoniales que integrantes de la Conadep habían producido en entrevistas con las víctimas.

A 40 años de ese hecho, el responsable de haber ordenado ese robo como parte de un operativo de “inteligencia”, se encuentra condenado por delitos de lesa humanidad y la Justicia trabaja para identificar a los autores materiales de esa sustracción.

“Después los allanamientos, el juez Martínez Fermoselle me preguntó si quería dar una declaración y me la empezó a tomar. Terminé como a la 1 de la madrugada del 8 de octubre y me fui. Al cabo de unas horas, me avisaron que toda la documentación se la habían llevado unos desconocidos que entraron a los Tribunales. Desde entonces, presenté denuncias y trabajé para recuperar esa información y tantas otras vinculadas a la represión ilegal”, sostiene en diálogo con Tiempo Argentino Adriana Arce, quien querelló en la investigación por el robo de esos materiales.

Adriana era militante del gremio docente y estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la Fábrica Militar de Rosario. Luego la trasladaron al Batallón 121 de Comunicaciones del II Cuerpo. Poco después, la legalizaron y alojaron en la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde estuvo a disposición del Poder Ejecutivo.

Poco antes del final de la dictadura, se exilió en España, pero tras la recuperación de la democracia, volvió al país para dar testimonio sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado.

El grupo que entró a los tribunales de Rosario se llevó la declaración que Adriana había dado ante Martínez Fermoselle. Estaba identificada por quienes formaron parte del aparato represivo de la dictadura que estaba intacto y podía seguir operando. Eso no le impidió declarar en el histórico juicio de las Juntas de Comandantes de la última dictadura.

Tras brindar Adriana Arce volvió a España; trabajó en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, y en 2004 retornó para trabajar en el Archivo Nacional de la Memoria.

“Me presenté como querellante en esta causa por el robo de documentación a los Tribunales porque me parece que es importante tener la información que nos permita reconstruir la memoria sobre el terrorismo de Estado. Es importante para que la historia no se tergiverse”, remarcó Arce.

El grupo que ingresó a los tribunales de Rosario en la madrugada del 8 de octubre de 1984 maniató a dos custodios y también se llevó otros expedientes que se encontraban en un edificio de la calle Dorrego 1683.

Entre la información había organigramas de los represores, designación de lugares que en los que debía operar, carpetas de personas que habían estado secuestradas, agendas y álbumes de fotos y listas de personas que estaban desaparecidas.

Las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem clausuraron la posibilidad de investigar este operativo de inteligencia militar realizado en los inicios de la democracia.

Pero el reinicio de los procesos de lesa humanidad tras la anulación de esas leyes de impunidad permitió echar luz sobre este caso. En 2011, el fiscal federal Juan Patricio Murray –quien entonces subrogaba en San Nicolás— había analizado el legajo de Luis Américo Muñoz, segundo jefe del Destacamento 121 del II Cuerpo de Ejército, en el marco de la investigación de los asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, y consideró que había información que le permitiría avanzar en el caso del robo a los Tribunales y también en otros expedientes.

“Muñoz había tramitado ante el gobierno de (Raúl) Alfonsín un ascenso y se lo habían negado. Presentó una nota ante la jefatura del Ejército, en la cual daba cuenta que había participado en dos operaciones de inteligencia, a finales de la dictadura y a comienzos de la democracia. Era claro que una era los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi y la otra el robo de los archivos de Tribunales”, indicó Murray en diálogo con Tiempo.

La investigación avanzó y en abril del año pasado, el exjefe del Destacamento 121, Héctor Fructuoso Funes, reconoció en un juicio abreviado su responsabilidad en haber ordenado una operación de inteligencia para sustraer información judicial. A los 86 años, el exmilitar resultó condenado a cuatro años de prisión.

Fructuoso Funes cumplió una orden directa del comandante del II Cuerpo del Ejército, Víctor Pino Cano, quien murió en 2021 y por ello no pudo ser alcanzado por la acción de la justicia. Lo mismo sucedió con Muñoz, quien falleció en 2022.

“Hay información para avanzar sobre los autores materiales del robo a los tribunales y estamos trabajando en eso. La causa no terminó con la condena de Funes”, afirmó Murray.

Para el fiscal federal, el operativo de inteligencia ejecutado en los primeros meses del gobierno de Alfonsín, muestra la capacidad que tenía en ese tiempo el aparato represivo del terrorismo de Estado. “Había una maquinaria aceitada que seguía operativa y que fue capaz que cometer un delito de lesa humanidad en el inicio de la democracia para impedir el avance de la Justicia. Creo que es la principal enseñanza que deja el robo a los tribunales de 1984.  

Cuatro décadas después y tras haber abocado años de su vida al análisis de información documental de la represión ilegal, Adriana Arce considera factible que los documentos robados en Rosario aún pueden ser hallados.

“Es probable que todo eso no haya sido destruido y esté en algún lugar. Los militares eran muy minuciosos con estas cosas y tal vez esos documentos estén guardados en algún lugar”, estimó la sobreviviente, quien se aferra a esa posibilidad, pese a la avanzada negacionista que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei.