La Cámara Federal porteña le ordenó hoy al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez. Para los camaristas la explicación está en otros expedientes en los que habría elementos para probar que el empresario fue “prestanombre” de la ex mandataria. Hasta ahora el juez no la había citado exactamente por el mismo motivo: porque ya fue indagada con esas supuestas pruebas por los hechos narrados en los otros expedientes.
No es la primera vez que ese tribunal se refiera a la situación de la ex presidenta en la causa en la que se encuentra detenido Báez: antes le habían indicado a Casanello que respondiera los pedidos de indagatoria formulados por las partes y la fiscalía en relación a la ex presidenta pero el magistrado había respondido, según el caso, que no habían en el expediente elementos como para hacerlo y que cada una de las partes le atribuía otro comportamiento.
El contexto cambió. Con la ex presidenta indagada y llamada a ampliar su declaración en la casusa de los cuadernos de Oscar Centeno, esta vez la sala dos del tribunal de apelaciones le dio al juez la orden de citar a la senadora de Unidad Ciduadana para hacerle saber el alcance de la imputación y permitirle que ejecute su principal acto de defensa: la indagatoria.
Los jueces Martñin Irurzun y Mariano Llorens resolvieron “hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner”, mientras que Leopoldo Bruglia votó en disidencia porque entendió que la queja era improcedente por lo que no se trataba de una cuestión revisable.
El camarista Irurzun sostuvo en su voto que la ex presidenta estuvo involucrada en la recepción, disimulación y puesta en circulación de fondos a nombre de Báez y que basta con ver el “contexto” en el que ocurrieron los hechos (entre 2010 y 2013), en referencia a que CFK ejercía la presidencia y Báez era contratista de obra pública.
Sin hacer referencia a las pruebas contra la ex mandataria que pudiera haber en expediente de lavado por el que está preso Báez, Irurzun sostuvo que las explicaciones para una llamara a indagatoria estaban en otros expedientes. “Para expresarlo de manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández.
Según los fiscales que acusaron en los enjuiciamientos ello se explica por la relación de `prestanombre´ del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre”, sostuvo el camarista.
