Ordenan la prisión preventiva de una detenida en los allanamientos al pueblo mapuche

Al menos 13 allanamientos simultáneos se sucedieron durante este martes 11 de febrero en la provincia de Chubut. De éstos, cinco se realizaron en comunidades mapuche Lof Cañio (El Maitén), Radio Comunitaria Mapuche Petü Mongueleiñ (El Maitén), Lof Catriman Colihueque, Lof Nahuelpan, Lof Pillan Mahuiza (Corcovado) y el resto a domicilios particulares de personas mapuche tehuelche. Solo en Lof Pillan Mahuiza, ubicado en la localidad de Corcovado, al menos 50 agentes armados irrumpieron a las 7 de la mañana con armas largas, capuchas, rompieron tranqueras, puertas, ventanas, pertenencias y, según denunció en sus redes sociales la referente mapuche Moira Millán, golpearon y tiraron al piso a integrantes de la comunidad, entre ellos a adultos mayores. Permanecieron precintados y en el piso durante casi 10 horas mientras los efectivos revolvían todas sus pertenencias. Finalmente, la única detenida hasta el momento es Victoria Núñez Fernández, de 37 años, quien vive desde hace 5 años en Lof Pillan Mahuiza. Si bien no es mapuche, desde hace años forma parte de la comunidad en la que trabaja la tierra y desarrolla actividades propias de la zona rural, contaron a Tiempo fuentes del Lof.

Al mediodía de este miércoles se realizó la primera audiencia en la que la fiscalía expresó las imputaciones contra Núñez Fernández y, tras haberse escuchado tanto a los fiscales como a la defensa, el juez Jorge Criado decidió ordenar su prisión preventiva. La detenida permanecerá en la Comisaría Primera de Esquel.

Las hipótesis de la fiscalía y las teorías conspirativas

La fiscal María Bottini ya había anunciado en diferentes medios de comunicación que trabajaba en una hipótesis para esclarecer las responsabilidades por los incendios ocurridos en Estancia Amancay el 18 de enero pasado. Cabe mencionar que en esa ocasión, el fuego consumió camiones, un motorhome y maquinaria, en total 9 vehículos. Según las investigaciones, el incendio fue provocado por bombas molotov.

Durante la exposición en audiencia, los fiscales acusaron a Núñez Fernández de haber cometido ese atentado junto a otras personas aún sin identificar, quienes formarían parte “de una agrupación destinada a cometer delitos”. El principal elemento en el que la fiscalía sostiene su hipótesis es que la detenida es propietaria de una camioneta Renault Kangoo blanca y, según dos testigos, un vehículo de esas características fue visto el día que sucedieron los incendios. Asimismo, un registro fílmico de una ruta muestra una camioneta blanca en el horario estimado en que se produjeron los hechos. No obstante, no existe ningún elemento concreto que permita afirmar sin ninguna duda que se trata del mismo vehículo ya que no se distingue a ninguna persona ni a la patente.

No obstante, el relato construido por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, que roza lo inverosímil, le dio suficiente convicción al juez Criado para ordenar los allanamientos y la prisión preventiva. En este relato, los fiscales ponen un manto de sospecha sobre la identidad mapuche tehuelche y los relacionan con el hecho a partir de un comunicado de prensa que fue leído en la radio comunitaria allanada en el cual, supuestamente, una rama mapuche se adjudicaba la autoría de los hechos.

Con total liviandad, la fiscalía tilda de sospechoso el vínculo entre las comunidades mapuche allanadas, a las que acusa de conformar una organización delictiva por el hecho de tener muchos celulares, chips y handys. Cabe mencionar que se trata de poblaciones que viven en alta montaña y que es frecuente la pérdida de señal de celular.

Asimismo, la fiscalía señala como indicio de delito la existencia de bidones de combustible en las comunidades. Al respecto, es de resaltar que en las zonas rurales la leña es un elemento esencial para la calefacción y que las motosierras y cortadoras funcionan con combustible.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal expresó que se secuestraron tres armas de fuego y marihuana. Al respecto, Moira Millán espetó que las armas fueron plantadas por los agentes y que los pocos gramos de marihuana que secuestraron a uno de sus integrantes se usaba con fines medicinales.

Portación de cara mapuche

La audiencia de imputación, que duró casi hora y media, sorprendió por la lectura conspirativa del mapa de relaciones que la fiscalía tejió entre las comunidades mapuche allanadas e incluso, vinculando los hechos con el desalojo frustrado de Lof Pailako de Parque Nacional Los Alerces. Esa lectura desconoce de manera profunda la autonomía e individualidad de cada lof y las tradiciones mapuche tehuelche en su organización social y política. Más bien, conducidos por el prejuicio, los fiscales hicieron referencias en tono de sospecha hacia las personas con apellido Millán –en alusión a los referentes Moira y Mauro Millán- así como quienes se apellidan Jones o Jones Huala. De esta manera, pretenden imponer una especie de presunción de culpabilidad por portación de apellido y cara mapuche. Cabe resaltar que los referentes mapuche aludidos no tienen causas pendientes ante la Justicia. En este punto, los fiscales expresaron una falsedad: que Facundo Jones Huala se había adjudicado los incendios, en una pretensión de encolumnar a todas las comunidades allanadas como una especie de organización criminal, bajo su dependencia.

No obstante, el relato oficial, que se parece mucho al relato que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich construye desde hace años, le dio convicción al juez para decidir la prisión preventiva y ordenar que se profundice la investigación de las comunidades mapuche allanadas.

Secuestro de libros «peligrosos»

Entre los argumentos de la fiscalía para imputar a Núñez Fernández y exigir que se investigue asociación ilícita con los Lof mapuche allanados, se mencionó de manera insistente la existencia de folletería y panfletería que “incita a la violencia contra el Estado”. Dos consignas que fueron leídas por un fiscal de panfletos secuestrados en Lof Nahuelpan expresan “las balas que vos tiraste van a volver” y “Justicia por Elías Cayicol Garay”. La primera es una consigna conocida entre los militantes antirrepresivos y que suele cantarse en las marchas, la segunda alude al asesinato en manos de la policía de Río Negro a un joven mapuche durante un operativo de desalojo ocurrido en 2017.

Nada expresaron los fiscales acerca de los libros que fueron secuestrados en los operativos. En la puerta del tribunal, antes de la audiencia, Moira Millán contó que fue víctima de los allanamientos y que revisaron su biblioteca para llevarse los libros que consideraban de una ideología peligrosa. “Vinieron y secuestraron libros como en la dictadura. Se llevaron el libro “Feminismos negros”, de Angela Davis, uno de Rosa Luxemburgo, “El niño resentido” de César González y otro sobre Derecho de mujeres indígenas. No tengo toda la lista pero son de venta pública”, expresó a la prensa. Asimismo, contó que también fue secuestrado su último libro Terricidio.

“Buscan en la narrativa de los libros elementos ideológicos terroristas y eso es un retroceso, volvemos al oscurantismo de la dictadura. Le quiero decir al país es que esto no es un caso aislado, que si ustedes naturalizan lo que esta pasando en el pu lof estaremos ante la antesala de una dictadura”, aseveró.