Organismos de Derechos Humanos condenaron el fallo Chocobar

El abogado Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó su “indignación y perplejidad” ante la sentencia que condenó a dos años de prisión en suspenso a Luis Chocobar, “policía que fusiló por la espalda a una persona en actitud de fuga”.

En este sentido, Torremare opinó que “se trata de una condena vil e irrisoria, que no guarda relación con la gravedad de la conducta juzgada, conducta que en la práctica significó la implementación de la pena de muerte impuesta en forma sumarísima e inmediata por un agente policial”.

“La decisión de los jueces que evaluaron el caso desconoce el valor de la vida humana que consagran el Código Penal, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que conforman nuestro ordenamiento jurídico, importando en la práctica la justificación de la actuación homicida del policía Luis Chocobar”, agregó.

“Esperamos que la sentencia sea revisada y descalificada por las instancias judiciales superiores para que, más allá del hecho concreto en juzgamiento, no se siente un peligroso precedente de legalidad de la violencia institucional en su forma más grave”, finalizó Torremare.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresaron su postura en redes sociales. “La DGN, que representa a la madre de Kukoc, había pedido perpetua por considerarlo un homicidio agravado por abuso de sus funciones. Decisiones como la que acaba de tomar el Tribunal diluyen la responsabilidad policial por las muertes con armas reglamentarias, consolidan mensajes erróneos sobre el uso de la fuerza letal y generan escenarios de impunidad para futuros hechos de abuso policial”.

En el mismo sentido, agregaron: “A pesar de que Chocobar dijo que Kukoc lo quiso atacar con un cuchillo, la prueba demostró que sus disparos fueron por la espalda, mientras corría para escapar del policía. Ni la vida de Chocobar ni la de otres corría peligro cuando decidió disparar repetidas veces y matarlo”.

“Cuando la policía asesina con un arma letal a una persona que no era una amenaza a su vida o a la de terceros, se produce lo que el sistema interamericano de DDHH considera una ejecución extrajudicial. Estas prácticas están prohibidas y sus responsables deben ser sancionados”, evaluaron.

Desde el CELS, apuntaron que “Chocobar recibió fuerte apoyo de las autoridades políticas de la gestión anterior. Desde el área de Seguridad crearon un reglamento de uso de armas de fuego contrario a los principios internacionales y a las leyes locales para colaborar en la convalidación de este tipo de hechos”.

Finalmente, consideraron: “La fiscalía fue muy leve en su acusación a Chocobar, lo que contribuye a distorsionar lo ocurrido. La Procuvin, como fiscalía especializada, debió haber intervenido. Estas cuestiones marcan la orientación de la política de persecución penal y el valor que se le da a cada vida”.