El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales presentaron denuncias por la brutal represión que sufrieron los manifestantes en Puente Pueyrredón y Saavedra.

Las demandas formuladas por los organismos de Derechos Humanos fueron presentadas durante este miércoles y jueves. Explican que lo ocurrido es la continuidad de los hechos represivos desde que se puso en vigencia el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Este protocolo no se adapta de ninguna manera “a los pronunciamientos estipulados en los estándares internacionales de protección al derecho a la protesta social ni a lo establecido sobre el límite del uso de la fuerza”, denunció Roberto Cipriano García, abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y una de las víctimas de la represión, en diálogo con Tiempo.
Mientras se manifestaban “las fuerzas de seguridad nos reprimieron con gases en los ojos a todos los que avanzábamos hacia la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró el secretario ejecutivo. Siguió relatando que tras lo ocurrido los organismos de Derechos Humanos antes mencionados pidieron informes a los Ministerios de Seguridad de la Nación y de Ciudad de Buenos Aires “para que envíen información precisa sobre cuáles fueron las divisiones policiales que intervinieron”.
De este modo, “pretendemos que se identifique a los miembros de las fuerzas de seguridad que dirigieron la represión, queremos el detalle de los equipamientos y armamentos que utilizaron, el tipo de gas lacrimógeno y las directivas impartidas, es decir, que se realice una exhaustiva investigación sobre los hechos ocurridos”, reclamó el letrado.
Los miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) “me arrojaron agresivos químicos de manera intencional en la cara, lo hicieron en forma indiscriminada mientras me encontraba realizando el monitoreo como lo hago en todas las movilizaciones como lo estipula la Ley”, denunció el secretario ejecutivo, quien se encontraba con el chaleco rojo y su identificación. También fueron agredidos otros tres integrantes del equipo de la CPM durante la concentración en Puente Liniers, “Cristian Escanes, Diego Rubaja y Facundo Arrue”, aseguró.
En este sentido cabe destacar que el deber del Estado argentino es garantizar la labor de los defensores de Derechos Humanos, “quienes tenemos como objetivo supervisar el accionar de las fuerzas de seguridad durante el desarrollo de las manifestaciones y protestas sociales con el fin de prevenir malos tratos y la represión”, remarcó el secretario ejecutivo.
Por eso, tanto el Comité Nacional de Prevención de la Tortura como el Consejo Federal de Mecanismos Locales señalaron que, para lograr que se haga una exhaustiva y eficaz investigación sobre los hechos represivos donde hubo heridos, deben ser investigados conforme al Protocolo de Estambul.
De este modo “exigimos a todas las autoridades de turno que respeten y hagan respetar el derecho a la protesta social”, enfatizó García. Además, solicitaron revisar el “Protocolo de Mantenimiento del Orden Público”, también que las demandas sociales “sean abordadas a través del diálogo como constitucionalmente corresponde”.
Tras lo ocurrido este lunes en Puente Pueyrredón, Saavedra y otros lugares, los organismos de Derechos Humanos presentaron este miércoles la correspondiente denuncia al Estado argentino y este jueves lo hicieron ante la Justicia nacional. En ambas demandas reclamaron una exhaustiva investigación y que los funcionarios trabajen con celeridad en el esclarecimiento de los hechos.
Se produjeron represiones en Puente Pueyrredón y Saavedra en el marco de una jornada de 500 cortes que fueron programados en todo el país para repudiar el protocolo antepiquetes de Patricia Bullrrich y las políticas de Javier Milei. Fue una medida organizada por las organizaciones sociales que forman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero (PO).
La Policía de la Ciudad, Infantería y la Prefectura Naval Argentina reprimieron este lunes a las organizaciones sociales mientras realizaban cortes en forma pacífica. En Puente Saavedra utilizaron un camión hidrante contra los manifestantes en el límite de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Al mismo tiempo, la Prefectura reprimió en Puente Pueyrredón. Hubo muchas personas que se descompensaron por el ataque de las fuerzas de seguridad y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a los hospitales zonales.
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