Organismos de Derechos Humanos repudiaron “el intento de beneficiar a los genocidas”

En un comunicado rubricado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e H.I.J.O.S, entre otros, repudiaron el listado como una “maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas”.

El martes se supo que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias -que funciona en el ámbito de la Casación federal- un listado de 1.111 personas detenidas en dependencias de ese organismo, que por el tiempo transcurrido en prisión cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico. Ese documento incluyó a casi 100 detenidos por delitos de lesa humanidad.

“Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria”, repudiaron.

En ese sentido, remarcaron que el hacinamiento en las cárceles “no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos”.

El documento remarca que la situación de las cárceles es producto de la política de mano dura que impulsa el Poder Ejecutivo. “Las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020”, indicaron.

En ese camino, señalaron que sin diseñar una política eficaz para abordar el problema el Ministerio de Justicia dispuso que el SPF envíe los listados al Sistema de Coordinación, “sabiendo que esa instancia no puede tomar decisiones porque éstas dependen de los jueces de cada causa”.

“Es decir, que la medida no representa una solución de fondo al problema de la sobrepoblación y, al mismo tiempo, esconde un mensaje claro al Poder Judicial sobre que los condenados por delitos de lesa humanidad deberían obtener salidas”, resaltaron.

En ese sentido, marcaron la paradoja que significa promover la liberación de torturadores, violadores, asesinos y ladrones de bebés que, cuarenta años después, continúan defendiendo sus crímenes. “Se aconseja liberar a los peores criminales de nuestro país para generar espacio en las cárceles y continuar con una política que encarcela pobres”, dijeron.

“Rechazamos esta política y repudiamos este nuevo intento de privilegiar a los condenados por delitos de lesa humanidad”, culmina el documento que también firman Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria y la APDH La Matanza.