Organismos piden a la CIDH «que proteja el derecho a la protesta»

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones defensoras de derechos solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes. «Le planteamos nuestra preocupación por la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves«, informaron desde el CELS a través de un comunicado.

En el escrito, se detallaron los hechos ocurridos durante la segunda jornada de sesiones extraordinarias en el Congreso, cuando el ministerio de Seguridad de la Nación dispuso en las inmediaciones «un operativo de fuerzas de seguridad violento, desproporcionado y represivo». La tarde y noche del 1 de febrero Eterminó con más de 100 personas heridas, algunas de gravedad, como el abogado defensor de derechos humanos Matías Aufieri, que recibió un disparo de bala de goma en el ojo, y como una treintena de periodistas«.

En el mismo sentido, el documento continuó: «En los alrededores del edificio del Congreso, se utilizaron carros hidrantes, tonfas y escudos policiales para golpear a manifestantes, motos para la persecución, incluso en veredas y plazas. Se utilizaron balas de goma, muchas disparadas a la altura de la cabeza, gases lacrimógenos e irritantes, que producen quemaduras en la piel. Operativos de este tipo ya sucedieron en Chile, Perú, Colombia y la provincia de Jujuy donde la intención de disparar apuntando a la altura de los ojos tiene como único fin aumentar la capacidad de daño de un arma “menos letal”, contra las recomendaciones de uso de este tipo de armas. Es decir, el operativo estuvo dispuesto para amedrentar y disolver la protesta, no para liberar calles».

Protocolo antiprotesta

Desde la presentación del “Protocolo antipiquetes” por la ministra Patricia Bullrich, el 14 de diciembre, el gobierno avanzó en una serie de cambios normativos, operativos policiales enormes, intimaciones económicas y amenazas públicas contra las organizaciones y las personas que se manifiestan en el espacio público. «Estos operativos están en manos de fuerzas federales, pero dentro de un distrito en el que no tienen jurisdicción, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus propias autoridades y policía local. Es decir, están al margen de la legalidad», alertaron.

Las formas de la deliberación y la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, «son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política democráticas».

El CELS hizo la presentación junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa), Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) una denuncia ante la CIDH, que se suma a la información ya enviada sobre el protocolo del Ministerio de Seguridad para limitar las protestas.

Finalmente, «solicitamos que disponga medidas cautelares, ya que el debate y la discusión alrededor de las leyes que impulsa el gobierno y las manifestaciones van a continuar. En ese contexto es urgente que se proteja tanto a quienes se manifiestan, como a los distintos actores que cumplen un rol fundamental en la ampliación y la difusión de la información, y que tienen un tipo de tutela específica en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos».