La UTEP, junto a otras organizaciones de la economía popular rural, emitieron un comunicado en el que dicen que hay "una posibilidad histórica".
Bajo el título “Es hora de soberanía alimentaria”, las organizaciones subrayaron que existe “una posibilidad histórica para estatizar un segmento de la producción, su distribución y la gestión de los alimentos por parte del Estado nacional”.
Para eso, ofrecieron el “acompañamiento de las organizaciones de productores/ras de la agricultura familiar, campesina e indígena”, y evaluaron que “parte de ese camino es la estatización de Vicentín”.
“Vicentín al servicio de las mesas de todos y todas”, remarcaron, al lado de la etiqueta #ArgentinaContraElHambre.
La situación de la cerealera quedó en el centro de las denuncias porque recibió una cifra inusual de préstamos, que no devolvió, de parte del Banco Nación y porque fue aportante para las campañas proselitistas de Juntos por el Cambio.
La firma, investigada por presuntas “maniobras fraudulentas”, aseguró que el dinero que recibió «no se fugó del país sino que está invertida en bienes productivos».
El comunicado que reclama su estatización está firmado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI-VC) , la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), el MTE-Rural, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Agrario Evita (Rama Rural del Movimiento Evita), el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), la Federación Nacional Campesina (FNC), y La Vía Campesina.
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