Organizaciones de DDHH y partidos de izquierda marchan en el centro porteño contra represión en Jujuy

Organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda se movilizarán este martes a la Casa de Jujuy en Buenos Aires para repudiar la represión del gobierno de Gerardo Morales a las protestas contra la reforma parcial de la Constitución de esa provincia y reclamar «la libertad para todos los presos políticos» en ese distrito.

Los manifestantes se concentrarán a las 12 en el obelisco porteño y desde allí marcharán hacia la delegación que la provincia de Jujuy tiene en el centro porteño, ubicada en avenida Santa Fe 967, donde se exigirá «la inmediata libertad de las y los detenidos por protestar» y se denunciará «la reforma constitucional represiva de Gerardo Morales», según se anunció en un comunicado difundido por el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia.

En tanto integrantes de los gremios docentes de Ademys, Suteba Tigre, Bahía Blanca y ATEN Capital, llegarán hoy a Jujuy para ser parte de las movilizaciones que se realizan en esa provincia para «apoyar el reclamo docente y del pueblo jujeño contra la reforma constitucional antiprotesta».

“Traemos toda la solidaridad y el apoyo al valiente pueblo jujeño, para fortalecer la lucha que docentes, comunidades de pueblos originarios, estudiantes y otros sectores de trabajadores vienen sosteniendo a pesar del amedrentamiento, represión, detenciones y heridos», señaló Federico Puy, miembro de la comisión directiva de Ademys (CABA) a través de una comunicación de ese gremio.

Por su parte, Nathalia González Seligra, ex diputada nacional y miembro de la comisión directiva por la minoría de SUTEBA La Matanza, que será parte de esta comitiva, recordó que “a comienzos de mayo, se abrió una dura lucha en Salta donde los docentes fueron reprimidos y luego vino la sanción de la ley antiprotesta, votada por todo el arco político».

«Morales retrocedió en algunos artículos de la Reforma, lo que muestra que luchar sirve pero quiere dejar en pie la criminalización de la protesta y para eso contó con el tiempo que le dieron las centrales sindicales que no convocaron medidas antes”, subrayó.

Comunidades originarias continuaban ayer movilizadas con permanencia y corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy, en contra de la reforma constitucional impulsada por Morales, quien lejos de llamar al diálogo mantiene, según lo acusan, una «posición caprichosa» que demora la solución al conflicto.

Así lo expresó ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien llegó a Jujuy con la intención de dialogar con el mandatario por el conflicto social y además para tomar conocimiento de la situación procesal de los detenidos (ya liberados) y heridos tras la violenta represión policial del sábado pasado en Purmamarca.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que «no se encuentra garantizado el derecho a la protesta» en Jujuy y que «hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose», por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.

En tanto, Morales ratificó anoche en conferencia de prensa el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- «prohíbe los cortes de rutas y calles» y la «ocupación de edificios públicos».

A la vez, el mandatario anunció que planteará la «reconsideración» de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán «a la vieja redacción», tras reconocer «dudas» en las comunidades indígenas.

Ayer, Pietragalla Corti, advirtió que la de Jujuy «es una situación grave y compleja» tras la represión del viernes último en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial.

Asimismo, el funcionario expresó que «muchas comunidades» tienen «una angustia muy grande porque se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes y no fueron consultadas pese a que se están tocando sus intereses».

Pietragalla Corti añadió que «hay modificaciones que están en contradicción con leyes nacionales e internacionales».

Dijo también que «no hubo consultas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)» y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comunicó con él «mostrando la preocupación».