La movilización será el próximo 23 de julio y partirá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio. Denuncian un crecimiento de la población sin techo, cuestionan las cifras oficiales y exigen el cumplimiento de las leyes de protección vigentes.
La convocatoria comenzará a las 17 en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde los manifestantes marcharán hacia Plaza de Mayo. A las 19 está prevista la realización de una olla popular y, durante toda la jornada, se recibirán donaciones de frazadas y ropa de abrigo para afrontar las bajas temperaturas.
Las organizaciones denunciaron que las políticas de ajuste impulsadas por los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri profundizaron la exclusión social y agravaron las condiciones de vida de quienes viven en la calle. Además, advirtieron sobre situaciones de hostigamiento y persecución contra las organizaciones que realizan tareas de asistencia cotidiana mediante controles, contravenciones e intentos de sanción.
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a las diferencias existentes entre los relevamientos oficiales y los realizados por las propias organizaciones sociales. Mientras el Gobierno porteño registró en noviembre de 2025 a 5.176 personas en situación de calle, el Tercer Censo Popular contabilizó 11.892 personas en esa condición. A nivel nacional, las organizaciones también cuestionan las cifras oficiales, que estiman unas 9.400 personas en situación de calle en todo el país.
Según los convocantes, estas diferencias no constituyen una mera discusión estadística, sino que tienen consecuencias concretas sobre el presupuesto asignado y el alcance de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos básicos.
Durante la movilización reclamarán la reglamentación y actualización del subsidio habitacional contemplado en la Ley 6935, el cumplimiento efectivo de la Ley 3706 de Protección Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y de la Ley Nacional 27.654, además de la ampliación de los dispositivos de alojamiento y el fortalecimiento de las políticas territoriales.
También exigirán la conformación de equipos especializados para abordar problemáticas de salud mental y consumos problemáticos, así como el cese de los desalojos y de la violencia institucional contra las personas en situación de calle y las organizaciones que las acompañan.
«Detrás de cada número hay personas. Y las personas que el Estado no cuenta, muchas veces tampoco las ve, ni las asiste«, señalaron desde las organizaciones convocantes, que sostienen que ninguna persona elige vivir en la calle y que el acceso a la vivienda, la alimentación y la salud constituyen responsabilidades indelegables del Estado.
Bajo la consigna «La calle no es un lugar para vivir, mucho menos para morir», el nuevo Frazadazo buscará instalar nuevamente la problemática en el centro del debate público y reclamar políticas que prioricen el cuidado y la inclusión social.
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