Organizaciones piqueteras aseguran que el giro en la causa demuestra que el fiscal Pollicita carece de pruebas para inculparlos

La causa que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello bajo el impulso del fiscal Gerardo Pollicita pegó un vuelco esta semana. La citación a indagatoria de varios de los dirigentes señalados, entre ellos al propio Eduardo Belliboni, fue acompañado de un cambio de carátula. La investigación del fiscal comenzó poniendo el foco en una supuesta extorsión que esos dirigentes ejercían sobre los beneficiarios de los Potenciar Trabajo para que participen de movilizaciones bajo amenaza de dar de baja el programa. La investigación, ahora, derivó en una acusación de defraudación al estado y administración fraudulenta por el supuesto desvío de fondos para el financiamiento de organizaciones políticas.

Los 23 dirigentes señalados por la justicia fueron citados a indagatoria que se desarrollarán desde el 11 de junio hasta el 25 de ese mes día en el que le tocará declarar a Eduardo “Chiquito” Belliboni.

Para los acusados, en realidad, se trata de una maniobra que apunta a estigmatizar y perseguir a los dirigentes con el objetivo político de desmantelar las organizaciones populares y desviar el foco de atención cuando el gobierno mantiene “encanutados” más de 5 millones de kilos de comida destinada a los comedores que no reciben asistencia desde diciembre del año pasado.

Rodeados de dirigentes de organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles los líderes de la Unidad Piquetera ofrecieron una conferencia de prensa en la Plaza de los Dos Congresos para dar respuesta a los nuevos allanamientos e imputaciones.

Eduardo Belliboni ya había adelantado que se presentaría ante el juzgado para lo cual designó formalmente a la abogada Liliana Alaniz para que asuma su defensa. “Vamos a ir a presentarnos yo y todos los compañeros citados. No tenemos nada que ocultar. No solo vamos a ir a declarar lo que quiere escuchar Casanello, sino que vamos a ir a denunciar”, adelantó Belliboni.

“Solo se plasmaron tres denuncias de personas en una organización que llega a 120 mil. Los testigos con identidad reservada no fueron citados a declarar cuando adelantaron a la fiscalía que no denunciarían al Polo Obrero”, señaló la letrada Liliana Alaniz, “es la mayor farsa y fraude que se está tramitando ahora en Tribunales” completó Alaniz.   

En un comunicado, el Polo Obrero señaló que “el único “crimen” de nuestras organizaciones es organizar y denunciar el avance del hambre y la miseria y ganar las calles para combatirlo”. Y que, “los únicos responsables de extorsionar y sacarle la comida de la boca a las familias más empobrecidas del país son Sandra Petovello y Javier Milei”.

La organización sostiene que “las denuncias de Patricia Bullrich tienen el objetivo de respaldar la falta de entrega de comida a los comedores, el congelamiento de los montos de los programas sociales, las miles de bajas a migrantes por viajar a sus países de origen, en suma, un brutal ajuste en un momento en el que arrecian los despidos y los salarios y jubilaciones están pulverizados por el plan Milei”. Petovello, retrucan, es la que “debe rendir cuentas por el armado de una caja paralela de sobresueldos para todo el Ministerio”.

Por otro lado, el manejo de los planes excede a las organizaciones que no tienen la potestad de dar de baja ni alta a los beneficios que es un atributo exclusivo del Estado.

A la vez aseguran que “la justicia mueve el arco a cada paso, revelando que no se trata de la investigación de un delito sino de maniobras para ilegalizar a las organizaciones. Así, en el requerimiento a indagatorias, una causa que se tramitaba por denuncias por supuestas extorsiones para movilizarse, pasa ahora a centrarse en la denuncia del desvío de los recursos de las unidades de gestión para un supuesto financiamiento político”.

En la conferencia de prensa, los dirigentes exhibieron la documentación respaldatoria con la que aseguran poder demostrar que los fondos fueron liberados por el propio Ministerio de Desarrollo Social como contrapartida de los avances de las etapas de las obras constatados por el propio Estado. Belliboni explicó que “la causa es muy sencilla de resolver. Si el Estado le entrega dinero a una persona para construir tiene que mostrar el avance de la obra. No entregan la plata en su totalidad y es el Estado el que verifica el avance en terreno y en las rendiciones”.   

Belliboni destacó que “no se llevaron nada de esto en el allanamiento en nuestro local central. Es notable que no se lleven las pruebas que fundamentan la acusación”. El dirigente señaló que “fuimos nosotros los que hemos denunciado a una empresa que se llama Varela construcciones porque nos dio una factura trucha”. Para el dirigente el vuelco de la causa se explica “porque no tienen pruebas de nada y no pueden demostrar nada”.

La organización asegura que “la mecánica consiste en saltar de un tema a otro, mediante allanamientos, intervenciones telefónicas y seguimientos, para intentar armar una causa que permita colocar el funcionamiento de las organizaciones fuera de la ley”.

Belliboni puntualizó que “es una farsa que involucra a familias enteras con niños preocupados por esta situación. Nos seguimos preguntando por qué, habiendo 5 millones de kilos de comida, no se entrega a los comedores que existen. No puede ser que esto sea casual, que se persiga a los que luchamos contra este gobierno desde el primer día. Es una maniobra escandalosa”.

Por último, el propio Belliboni adelantó que “ni sueñen que nos van a sacar de la calle. Esta pelea va a seguir porque esta gente no tiene límites. Quieren arrasar con las organizaciones para después avanzar sobre los derechos y que en los barrios lo que avance sea el narco. No hay manera de que no nos movilicemos contra la ley Bases, no van a lograr el objetivo de amedrentarnos”.

La abogada que representa al dirigente y gran parte de los citados a indagatoria Liliana Alaniz concluyó que “la causa es política y la vamos a enfrentar con política pero, sobre todo, con pruebas”.