Organizaciones sociales en alerta por el cariz punitivo del anteproyecto de Código Penal

«La Argentina recibirá a 20 dignatarios de las economías más importantes del mundo; que la ciudadanía sepa que esos días va a haber un operativo muy importante de las fuerzas de seguridad». El mensaje del gobierno nacional, en modo advertencia, salió de la boca de uno de sus ministros (más precisamente, de Alejandro Finocchiaro, titular de la cartera de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología), en el marco de la defensa de las reformas del Código Penal que endurecen las penas a la protesta social.

A tres semanas de la cumbre del G20, la expectativa de una ciudad militarizada y la amenaza latente de represión generan preocupación en el seno de las organizaciones sociales.

El anteproyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky, que trabajó sobre la base del actual Código promulgado en 1921 (que se intentó cambiar 17 veces y tuvo más de 900 actualizaciones), incorpora como delito en su artículo 208 «la conducta de quien en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, con pena de un mes hasta dos años de prisión».

A diferencia de la norma actual, no resultará necesaria «la efectiva producción de un resultado dañoso (delito de lesiones o daños)», sino que bastará con que una persona «arroje cuerpos contundentes» contra otra, una piedra por poner el ejemplo más corriente, para que se configure el nuevo delito. Cuando esos «objetos contundentes» estén dirigidos a «un miembro de las fuerzas de seguridad pública en el ejercicio de su función, cargo o condición», la pena se eleva a tres años.

El texto propuesto, que el gobierno enviará en los próximos días al Senado buscando su tratamiento, prevé, además, «una pena de tres años para quien detenga o entorpezca la marcha de un medio de transporte público o, sin autorización, de un medio privado». La novedad, importante, es que el delito ya no sería únicamente la interrupción total del tránsito.

En lo que respecta al juez interviniente, el anteproyecto sostiene que tendrá que analizar en cada caso de corte de tránsito la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida «el ejercicio de derechos personalísimos» y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

«En un país de una enorme tradición de movilización y organización popular, en el que las organizaciones sociales y comunitarias reconstruyen el tejido social, edifican lazos de solidaridad y ensayan soluciones concretas frente a la desesperación de los más humildes, producir las condiciones para la represión requiere de una violenta campaña de estigmatización y criminalización, en la que se han comprometido los más altos funcionarios del gobierno junto a los aparatos mediáticos del sistema», le dice a Tiempo Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Para el referente, en este contexto de tolerancia cero «las organizaciones populares necesitamos reafirmar nuestro derecho a la protesta social, el legítimo derecho que tienen los pueblos, frente a un sistema capitalista que hambrea y somete a la patria, a construir otra sociedad, otro mundo posible, donde el hombre no sea lobo del hombre».

A lo Bolsonaro

Según los cálculos del Comité de Seguridad del G20 encabezado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el megaoperativo, pergeñado desde hace un año, involucrará a más de 20 mil efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Policía, Gendarmería, Prefectura y el Ejército). «Vamos a poner reglas de juego muy claras, no vamos a permitir caras tapadas, ni mochilas con piedras para que los que quieran ir a manifestar puedan gritar todo lo que quieran, pero sin romper nada», avisó la funcionaria.

También se refirió a la reforma del Código al que definió como «un proyecto que lo que hace es darles ciertas garantías a los ciudadanos». «Para nosotros –dijo– es un avance importante en el modelo de convivencia. Queremos tener una sociedad con menos nivel de intrusión callejera permanente».

Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, cree que «el endurecimiento de las penas no resuelve el problema» y que sólo se trata «de una puesta en escena del gobierno, mostrándose preocupado por la situación, pero en ningún caso con medidas conducentes a resolver los niveles de conflictividad que se expresan en la calle y que generan inconvenientes de tránsito».

Para Menéndez, «hay una apuesta del gobierno de endurecer el discurso, de mostrarse con propuestas a lo Bolsonaro, que se expresa en los niveles de exacerbación con los inmigrantes, en el nivel de dureza con las organizaciones sociales; todo un discurso que tiene una enorme peligrosidad, y que introduce en la sociedad ideas en contra de la convivencia democrática, que busca un enemigo interno y desvía la atención de cómo deben resolverse estos problemas, que es a través del diálogo, teniendo en cuenta que los reclamos son consecuencias de las condiciones económicas y sociales en las que vivimos».  «

MEDIOS

La Legislatura porteña aprobó el jueves un proyecto de ley para endurecer varias sanciones de tránsito, entre la que destaca la quita de la habilitación a los micros escolares que transportan manifestantes a las movilizaciones. El cambio en la normativa también incluye el retiro de la licencia al chofer.

La normativa impulsada por la legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García, apunta contra el traslado de «piqueteros» y por eso prevé que cuando el conductor o el vehículo no tuvieran habilitación para el transporte que están realizando, como ocurre con los micros escolares cuando llevan manifestantes, se revoque la habilitación para funcionar como bus escolar y se inhabilite al conductor –para manejar ese vehículo– por un plazo de hasta cinco años.