¿Otra manito de Trump para Milei? La justicia de Estados Unidos se mostró permeable al pedido argentino en el juicio por YPF

Los abogados que representan al Estado argentino en el juicio por la expropiación por YPF denunciaron que el estudio Burford Capital pretende obtener una ganancia superior a los U$S18.000 millones con una inversión mínima y en “una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina”.

La ponencia argentina fue expuesta en una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Allí se encontraron los abogados que representan a la Argentina y a Burford, que compró los derechos de deuda en la quiebra del Grupo Petersen.

La Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa del Estado, calificó de “errónea” la decisión de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, de imponer una sanción de U$S 16.100 millones (cifra que ya creció en alrededor de U$S 2.000 millones por los intereses acumulados) por los supuestos errores del gobierno argentino durante el proceso de expropiación del paquete mayoritario de la compañía.

A diferencia de las audiencias con la jueza Preska, en el que la posición argentina se limitaba a buscar alguna fórmula de acuerdo para evitar el embargo de acciones de la empresa, esta vez los abogados del gobierno fueron a fondo. Ante el tribunal de alzada, sostuvieron que el juicio no debería haberse realizado bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.

Según el comunicado emitido por la Procuración del Tesoro, “los abogados argentinos expusieron que el caso no pertenece a la jurisdicción de los Estados Unidos y que la sentencia se basa en una interpretación errónea de derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser dejadas de lado”.

La intervención de la Justicia estadounidense se debió a que Burford alegó que se había violado el derecho de los accionistas minoritarios al no recibir una oferta en las mismas condiciones que el Estado le hizo a Repsol para comprarle el paquete mayoritario. Como esas condiciones estaban especificadas en el prospecto entregado a la SEC estadounidense cuando se privatizó la empresa, en la década del 90, entendieron que podían litigar allí.

 “El verdadero impulsor del litigio es Burford Capital, un fondo británico que compró el reclamo por apenas 15 millones de euros y hoy busca una ganancia superior a los U$S 18.000 millones, utilizando los tribunales estadounidenses para litigar una controversia regida por el derecho argentino. Burford incluso manifestó su intención de entorpecer el proceso de recuperación económica y reputacional de la Argentina, afectando los intereses del país y de sus socios internacionales”, señala el comunicado del Tesoro.

Como para no dar puntada sin hilo, el escrito también hizo hincapié en el rol del kirchnerismo, época en la que se realizó la expropiación. “Este caso refleja el modus operandi de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, durante la cual grupos empresarios amparados por el poder político se enriquecieron sin riesgo”, en alusión al aliento que desde esa gestión se le dio al grupo Eskenazi para que participara del proceso.

Según Sebastián Maril, el consultor que sigue el caso de cerca, “Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces y sus comentarios. Pero no hay que asumir que el fallo será en base a lo ocurrido hoy”. También dijo que de los tres jueces (Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson), fue Chin el que “con sus comentarios y preguntas, puso en duda la decisión de la jueza Preska de utilizar a Nueva York como sede del caso”.

Tras la audiencia, el clima del juicio cambió. La agencia Reuters deslizó que al menos dos de los magistrados se manifestaron proclives a aceptar el cuestionamiento a la intervención de la Justicia estadounidense. Las acciones de Burford bajaron un 15%, lo que dio la sensación de que el saldo fue desfavorable para los demandantes.

Algunos observadores creen que el nuevo cuadro de situación no es ajeno al respaldo que la administración republicana de Donald Trump le está dando a su similar libertaria de Javier Milei. La agencia Bloomberg, por caso, destacó que “Trump y el Tesoro de Estados Unidos fortalecen la situación argentina; Milei busca revertir fallo de U$S 16.000 millones en Estados Unidos tras apoyo de Trump”.