Otro ataque del Gobierno a la ex ESMA: impide el pago de sueldos y frena sus actividades

El gobierno nacional continúa con su ataque frontal contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre la última dictadura. Esta vez, el blanco es uno de los lugares más emblemáticos, la ex ESMA, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención durante el terrorismo de Estado.

Con la excusa de una auditoría, el Ministerio de Justicia ordenó frenar todas las transferencias de dinero y así desfinanciar al Ente Espacio por la Memoria, que administra el funcionamiento del predio de 17 hectáreas ubicado sobre Avenida del Libertador al 8000.

La auditoría fue solicitada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ex juez y amigo del ministro Mariano Cúneo Libarona. Desde el Ministerio enviaron el pedido a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende del Poder Ejecutivo, y activaron así una medida que paraliza casi por completo a la ex ESMA. 

Un supuesto análisis jurídico y contable comenzará este 1 de abril y mientras se realice se congelarán los pagos al Ente, provocando que no pueda pagar los salarios de los 180 trabajadores y trabajadoras que mantienen funcionando el predio y paralizando sus tareas: desde el mantenimiento, protección y preservación de los edificios, compras y contrataciones, pago de servicios, hasta la seguridad y las actividades que allí se organizan, como visitas guiadas y programas educativos.

Se trata de una decisión completamente ilegal, ya que las partidas presupuestarias al Ente están garantizadas por la propia ley que lo creó en 2007, la 26.415, que asigna transferencias específicas por parte del Tesoro Nacional, en las que el Ministerio de Justicia funciona sólo como intermediario. Todas las resoluciones presupuestarias anteriores durante 2024 se tramitaron sin ningún inconveniente y contaron con la firma del secretario Baños. 

La medida que congela las partidas tiene la firma del subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, quien envió la nota el miércoles 26, apenas dos días después de que una masiva movilización social a la Plaza de Mayo rechazara las políticas negacionistas de este gobierno. 

“Frente al cúmulo de observaciones detalladas, y con el objeto de preservar la integridad de los fondos públicos, se ha resuelto suspender de manera precautoria por el plazo de 60 (SESENTA) días las transferencias financieras del Ministerio de Justicia al Ente Público “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, hasta tanto se conozcan los resultados de la auditoría actualmente en desarrollo, y se verifique el cumplimiento de los principios”, señala la nota enviada por Montero. 

A partir de esa comunicación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se puso en alerta y realizó este lunes una asamblea en la que decidió realizar un paro con guardias mínimas para mantener en funcionamiento el lugar. 

Desde el sindicato enviaron además una carta documento a Ente Público intimando que se abone la totalidad de los sueldos en tiempo y forma. De no cumplirse, se analizará el inicio de medidas de acción directas, indicaron desde el gremio. “La decisión de congelar los fondos destinados a la ex ESMA durante 60 días es arbitraria e ilegal. Se trata de un nuevo ataque del Gobierno a las políticas de derechos humanos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El Ente Público Espacio para la Memoria, que gestiona el predio de la ex ESMA, está conformado por tres partes, el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el propio Baños, la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad y los organismos de derechos humanos.  

Este martes por la tarde se realizará una primera reunión del órgano ejecutivo tripartito en la que se prevé la participación del secretario de Derechos Humanos en un primer intento por destrabar la delicada situación. Hasta el momento, Baños se negó a recibir al sindicato y a los trabajadores. 

Un predio emblemático y protegido por la Unesco

Este no es el primer ataque de un gobierno contra la ex ESMA. Ya en 1998, el gobierno del presidente Carlos Menem intentó demolerlo con el argumento de construir ahí un lugar para la “reconciliación”. Fue la resistencia de familiares de víctimas y organismos, quienes presentaron un amparo judicial, lo que impidió el avance de ese proyecto negacionista, que ponía en peligro el lugar como prueba de los delitos que se habían cometido. 

Recién en 2004, el predio de la ESMA fue recuperado por el Estado nacional y de la Ciudad: la Armada fue desalojada para que comenzara a funcionar como un espacio para la memoria. 

Emplazado en uno de sus vértices, se encuentra el Museo Sitio de Memoria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2023 y por lo tanto protegido junto al resto del predio, incluido dentro del área de amortiguación del edificio donde funcionó el Casino de Oficiales. 

Allí se encuentran además la sede de muchos organismos de derechos humanos, del Equipo Argentino de Antropología Forense, el Museo de Malvinas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.