Pacientes sin medicamentos: denunciaron al ministro de Salud por “abandono de persona”

Un hombre que padece colitis ulcerosa y dejó de recibir la medicación que le suministraba el Estado para su tratamiento denunció penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, por la presunta comisión de los delitos de “abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se espera que otros pacientes oncológicos y con enfermedades graves que vieron interrumpidos sus tratamientos se sumen a la causa, radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2.

El denunciante, vecino del distrito bonaerense de San Martín, fue diagnosticado a principios del año pasado. Tiene un trabajo informal, sin ingresos suficientes para costear su tratamiento. Lo recibía desde la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dependía de Capital Humano pero tras un cierre provisorio a principios de año pasó al área de Salud. A esta dependencia llegan los casos de medicamentos caros o de difícil acceso para pacientes vulnerables que hayan agotado las instancias previas para obtener su medicación a nivel local.

“Si no recibe los medicamentos, su cuadro se puede agravar irremediablemente. La denuncia inicialmente es contra Russo, pero también se pide que se investigue a otros funcionarios que puedan resultar responsables. Y tenemos preparado el pedido de ampliación para que además de los pacientes de la DADSE se investigue sobre quienes dejaron de recibir su tratamiento desde Incluir Salud. Son unas 300 personas”, explicó el abogado Adrián Arena, representante del paciente que inició la causa.

El letrado añadió que se solicitó que se investigue además la muerte de dos personas que sufrían cáncer y se habrían visto afectadas por la interrupción de medicación por parte del Estado (en relación a Aldo Javier Pinto, de Salta, y Camila Giménez, de Córdoba). “En ese caso se habría cometido el delito de abandono de persona seguido de muerte”.

El Gobierno lo negó

“Ante las reiteradas operaciones de prensa y con el objetivo de llevar tranquilidad a la población, el Ministerio de Salud destaca que la oficina de entrega de medicamentos oncológicos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) no cerró ni cerrará durante esta administración”, afirmó el Ministerio de Salud mediante un comunicado emitido el 18 de marzo, en el que aseguró que “nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”.

Para entonces, organizaciones de familiares y pacientes llevaban semanas denunciando que no estaban recibiendo medicación y que había situaciones tan graves como sesiones de quimioterapia interrumpidas.
Incluso, la propia ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había admitido previamente ese parate y lo había justificado al plantear que se debía a irregularidades en las compras de remedios por parte de la gestión anterior.

Decenas de pacientes comenzaron a pulular por los medios para visibilizar su reclamo, ante un Ministerio de Salud que negaba la situación. En el comunicado oficial señalaba además que “se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica”, lo cual implicaba que otros tantos quedaban fuera de esas resoluciones.

Russo fue blanco de las críticas en los últimos días por el (des)manejo del máximo brote de dengue que se haya registrado en el país. Tras semanas de silencio, salió a defender su gestión y acusó al gobierno anterior, responsabilizó a las provincias, cuestionó la eficacia de la vacuna y pidió a la gente que no use pantalones cortos. Todo esto, con más de 180 mil casos y 129 muertes confirmadas.

Una espera demasiado larga

Celeste Quintana tiene 32 años y hace cinco fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático. Requiere tratamiento de por vida, a riesgo de que la enfermedad avance si eso se interrumpe, y con dificultades para respirar cuando el cuadro empeora. No tiene obra social y hace cuatro meses que lidia con la negativa de la DADSE a entregarle su medicación, con un costo aproximado de 28 millones de pesos por cuatro ampollas cada mes y medio.

La joven, de Quilmes, también acudió a la Justicia ante la falta de respuestas. Presentó un pedido de amparo para que se le garantice su derecho. Tuvo un fallo a favor, pero el 15 de marzo el Ministerio de Salud apeló.

“Sigo sin la entrega de medicación, no hay novedades. Hace dos semanas llamábamos a DADSE y decían que ya estaba todo, que solo nos tenían que llamar de farmacia para entregarnos la medicación. Pero el miércoles le dijeron a mi mamá que como mi caso está con amparo, se van a comunicar con el abogado. Y no se comunicaron”, contó Celeste a Tiempo.

“La cautelar de mi amparo salió a mi favor, pero el Ministerio de Salud apeló por mi jurisdicción. Dicen que es la Provincia de Buenos Aires la que me tiene que dar la medicación. Aun así, esta apelación es con efecto devolutivo, el juez ordenó que me dieran la medicación. No lo están haciendo”, denunció.