El país sin carnaval y un olvidado tentáculo con el macrismo

El martes 28 de octubre pasado, uno de los centros carnavalesco más importantes del mundo cesó su alegría y vivió una de las masacres más importantes de la historia de Brasil. Un mega operativo desplegado por las fuerzas de seguridad estadual y ordenado por el Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, contra la organización criminal Comando Vermelho, que opera con epicentro en la ciudad carioca y despliega actividades en varias ciudades del país, incluso en algunos países limítrofes.

La operación fue planificada desde hace dos meses, y tuvo el despliegue de 2500 agentes policiales que tuvo como resultado la muerte de más de 130 personas, entre ellos 4 policías, y el arresto de 81 miembros de la banda. Se constituye en uno de los operativos más sangrientos de la historia en Brasil, superando incluso a la masacre de Carandirú, del año 1992, donde la rebelión en un penitenciario de San Pablo provocó la muerte de 111 reclusos por parte de la Policía Militar de ese Estado.

No es la primera vez que la Policía Militar de Río de Janeiro enfrenta al CV: ya lo había hecho en junio de 2007, cuando desplegó un asalto a gran escala en la que perdieron la vida 24 personas. Si bien ese operativo logró reducir el área de influencia del 90 al 40% en la favelas cariocas, no desactivó el accionar de la organización, por el contrario, descentralizó su funcionamiento y profundizó su actividad con el narcotráfico y lavado de dinero.

Si bien el gobernador Cláudio Castro trató de mostrar como exitosa la operación y reclamó la falta de apoyo del Gobierno Federal, a quien, aseguró haberle pedido una GOL (Garantía de Orden Legalidad) medida que habilitaría la intervención federal. En tanto que el Ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, sostuvo que la seguridad pública es competencia “exclusiva” de los gobernadores de acuerdo a la Constitución. Incluso, destacó que “combatir el crimen requiere planificación, inteligencia y coordinación de fuerzas” cómo crítica al accionar intespectivo del Gobierno Local.

En tal sentido, el Gobierno Federal impulsa una PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) que permita ampliar competencias a nivel nacional a fin de propiciar un Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) para fortalecer la inteligencia y coordinar acciones nacionales.

No obstante, se especula que el accionar del gobernador Cláudio Castro buscaría posicionarse como referente de la derecha posbolsonaro, que tras el arresto e inhabilitación discute la candidatura para la presidencia en 2026. Más allá que Castro recibió el apoyo de nueve gobernadores alineados con la oposición, entre ellos el gobernador Tarcisio de Freitas, quien es una de la figura presidenciables del bolsonarismo.

Incluso la esposa del ex presidente, Michelle Bolsonaro, quien también disputa en las preferencias de votos según las encuestas, salió a cuestionar a Lula, acusándolo de defender delincuentes.

Cabe señalar que una investigación del Washington Post relacionó a diferentes miembros de la banda CV con milicias paramilitares financiadas por el gobierno de Jair Bolsonaro, que se infiltraron en la política para influir en las elecciones municipales de 2024 en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro.

Es más, el vínculo con la política trasciende Brasil. En ese aspecto, debería también llamar atención para una coordinación de nivel internacional, porque el esquema de narcotráfico alcanza niveles a otros países. En 2018, en Paraguay se encontró un helicóptero oficial, contratado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, perteneciente a la policía bonaerense, que habría facilitado la fuga del líder principal del Comando Vermelho, Jorge Teófilo Samudio. El caso provocó la renuncia del ministro de justicia paraguayo, Julio Javier Ríos. Se conoce además que el hangar desde donde se fugó el narco pertenecía a la empresa Beech Flyng, la misma que hizo el transporte durante la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015. Claramente el tema necesita una reflexión regional.