Para defender el techo del 18% el gobierno desafía a la Justicia

La Asociación Bancaria cumplió esta semana con una primera etapa de un plan de lucha a través de asambleas y retención de tareas ante la decisión de los bancos de no cumplir con el acuerdo que suscribieron en sede ministerial en diciembre pasado. Los dirigentes aseguran que esta semana le pondrán fecha a un paro nacional bancario.

El acta suscripta, además de incorporar una compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016 (una forma velada de reapertura), fijaba una serie de anticipos a cuenta de la paritaria 2017 que implican un incremento del 24,3 por ciento para el 2017 y había sido suscripto por las entidades patronales nacionales y públicas, no así por la cámara de bancos extranjeros. Así las cosas, la cartera laboral se negó a homologar el acuerdo cuando había estado presente en las negociaciones y avalado sus resultados y el ejecutivo se ocupó de impedir que se sustancie un pago que debió realizarse la semana que pasó.
La iniciativa para evitar ese pago la tomó el gobierno ya que las entidades en ningún momento plantearon no estar en condiciones de afrontar los costos del acuerdo toda vez que el sector bancario ostenta tasas de ganancia muy superiores a la media y facturaciones que han crecido por encima de la inflación. La decisión del gobierno de patear el tablero responde a su voluntad de sostener el techo del 18% como testigo para todas la partirias.

Así las cosas, los trabajadores obtuvieron el pasado 31 de enero una medida cautelar dictada por la jueza graciela Elena Marino que obliga a los bancos a realizar el pago de lo acordado e insta al gobierno a no interferir en la negociación en la que sostiene su rol se limita a «controlar la representatividad de los firmantes». Desconociendo lo resuelto por la justicia el gobierno optó por reunir a los representantes de las Cámaras para promover un desacato masivo en virtud de una supuesta apelación a la cautelar.

Existen antencedentes de la cartera laboral en la gestión anterior de Carlos Tomada negándose a homologar acuerdos paritarios suscriptos por las partes que se ubicaban por encima de la pauta deseada (UATRE, Aceiteros), pero que no llegaron hasta una acción de desacato a una medida judicial.

El mismo fallo cautelar ratifica el principio de ejecución del acuerdo suscripto con independencia de su homologación.

Según Guillermo Pajoni, dirigente de la Asociación de Abogados Laboralistas «la cautelar es una sentencia de Cámara. La única opción que tiene el gobierno es apelar a la Corte Suprema de Justicia aunque, de todas formas, al tratarse de una cautelar no tendría efecto suspensivo. Tienen que pagar.» Y continuó: «el gobierno va a tener que aclarar porque apela cuando la sentencia le pide que no intervenga. Quien debe apelar son los bancos que son los afectados. La parte demandante podría obligar a que cumplan a través d eun embargo. Incluso se puede accionar contra el Estado por daños y prejuicios y podría entrar en juego la figura de mal desempeño de deberes de funcionario público. Están pidiendo a un privado que no cumpla una orden judicial atacando principios constitucionales porque se están entrometiendo en facultades de otros poderes». denunció. «