Se trata de una emisión de Letes por $83 millones que serán suscriptos en forma directa por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La emisión, según establece la propia resolución, será suscripta de manera directa por la Superintendencia de Riegos de Trabajo (SRT) que es una entidad recaudadora. Esos fondos, sin embargo, debieran destinarse a acciones de prevención de accidentes de trabajo y otras vinculadas al mundo del trabajo tal como lo establecen sus fines y misiones su objetivo primordial es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. Centraliza su tarea en lograr trabajos decentes preservando la salud y seguridad de los trabajadores, promoviendo la cultura de la prevención y colaborando con ( ) la erradicación del Trabajo Infantil, la regularización del empleo y en el combate al Trabajo no Registrado.
El propósito de la medida es la de obtener financiamiento para los gastos corrientes toda vez que los mismos serán destinados al Tesoro Nacional. El gobierno espera llegar a fin de año con un déficit fiscal acumulado del 4,2% del PBI aunque su política de fuerte endeudamiento comienza a poner una luz de alerta en el déficit financiero (que incluye vencimientos e intereses de deuda).
La polémica operación tiene un antecedente de igual tenor en agosto del año 2012 cuando el organismo suscribió Letras del Tesoro por $52,4 millones a un plazo de un año con tasas Lebac pagaderas al vencimiento del bono.
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