FOPEA manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, «intente obligar a Santoro a revelar información sobre sus comunicaciones confidenciales con fuentes de información y la identidad de esas personas».
Para la entidad, «esto representaría un quiebre significativo en el respeto por el secreto profesional, que no solamente es consagrado dentro de la Constitución sino también en los tratados internacionales de Derechos Humanos, a los cuales Argentina adhiere».
«Se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes», agregó FOPEA en un comunicado.
Por eso, la entidad alertó sobre la «gravedad institucional» y la posible «criminalización de la labor periodística» que se desprende de la citación de Santoro, fijada para el próximo martes 25 de junio por presunta extorsión.
«Frente a la posibilidad de que el juez ordene la detención y embargo de bienes de Santoro, FOPEA reclama que se respete y defienda el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo en libertad, sin secuestro de sus elementos profesionales, limitaciones ambulatorias o de relacionamiento con sus fuentes, ni persecución u hostigamiento de ningún tipo», concluyó la organización.
