La medida de fuerza es para el jueves, en el marco de la movilización impulsada por la CGT. Las patronales amenazaron con represalias.
Desde el gremio explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar la presencia de todos los trabajadores en la protesta y calificaron la huelga como una acción “en defensa propia”, frente a un proyecto que -según señalaron- atenta contra derechos laborales esenciales y favorece a una minoría empresaria.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) respondió con un comunicado en el que rechazó la medida por considerarla una “huelga política” y advirtió que “procederá a tomar todas las medidas que establece la ley”.
Ante esto, el sindicato sostuvo que la Constitución Nacional y la legislación vigente garantizan el derecho de huelga, y que cualquier sanción o represalia constituiría una violación a derechos fundamentales.
En su posicionamiento, la federación reconoció el carácter político de la medida y lo reivindicó, al afirmar que las huelgas con motivación política están amparadas por el bloque federal de derechos, con respaldo en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, la conducción sindical ratificó la convocatoria y advirtió que responderá con unidad y conciencia de clase ante cualquier intento de represalia, al tiempo que llamó a rechazar una reforma que -aseguró- “empeora las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población”.
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