La orden que instrumenta el desalojo quedó prevista para septiembre. Se trata del edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, donde funcionaba una fábrica textil.
El conflicto entre el gobierno y las familias lleva ya más de tres meses. La última audiencia para llegar a un acuerdo entre las partes fue realizado en junio pasado en el juzgado civil N° 60 de la ciudad pero ese día tampoco se logró destrabar el conflicto.
En continuidad, el juez de 1era instancia de la Ciudad, Fernando Jorge Virgilio Cesari, falló y les otorgó a las partes 60 días para resolver el conflicto entre las partes mediante la Defensoría del Pueblo.
“El viernes 16 de agosto nos notificaron mediante el oficial de justicia que el juez Cesari dictó fecha de instrumentación del desalojo para el mes próximo entre los días, 18, 19 y 20. La realidad es que las 100 familias vamos a terminar en la calle», denuncia Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco. «Pasado el periodo de los 60 días no se acercó ningún organismo competente de la Ciudad de Buenos Aires, Procuraduría, Instituto de la Vivienda , ni la subsecretaría de Desarrollo y Hábitat se presentó hasta el momento no tenemos ningún avance al respecto”, agrega.
La orden para que la Policía de la Ciudad llegara al edificio y sacara a las familias del inmueble estaba dispuesta para los primeros días de agosto en el lapso del 5 al 9 del corriente, pero aquel lunes 5 de agosto, la Defensoría del Pueblo presentó el pedido de suspensión de desalojo, así como también de que se siga adelante con las instancias de la mesas de trabajo coordinadas por el organismo, argumentando que no estaban dadas las condiciones para llevar adelante la operación de desarraigo en el lugar.
El gobierno de la Ciudad quiere desalojar a los habitantes del edificio Santa Cruz en donde funcionaba la fábrica textil SELSA en la década de 1990, cuando la empresa textil quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, sólo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.
En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado, y las familias que allí viven intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron.
«La organización se da por el proceso de lucha para que no nos desalojen», explica Llanos. La asociación se conformó en el 2014 para cumplir con los requisitos que exige el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y así «poder entrar al programa de autogestión de la vivienda», que contempla el otorgamiento de créditos.
El juicio de desalojo que las familias enfrentan hace diez años lo inició el empresario Leonardo Ratuschny, quien se dedica a los emprendimientos hoteleros en la Ciudad de Buenos Aires. «El empresario lo compró en cómodas cuotas al gobierno porteño, con quien también mantiene otros negocios”, informa la presidenta de la cooperativa Tiempo Argentino.
Desde entonces, las familias llevaron adelante gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) para poder conformarse como cooperativa amparados por la ley de vivienda N° 341, pero no tuvieron respuestas por parte del gobierno.
Según lo establece la ley 341. La normativa reconoce a las cooperativas de vivienda y les permite acceder a créditos a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
“El IVC está al tanto de nuestra problemática por lo menos desde 2014, cuando estaba como presidente Emilio Basavilbaso. Y todos los años nos responden lo mismo, que no hay presupuesto. Desde que asumió Juan Maquieyra no podemos tener una reunión con él para comentarle nuestra problemática, no nos quiere recibir. Y todas las mesas de trabajo que propusimos y que intentamos sostener siempre terminaron truncas porque no hay voluntad política”, el organismo desoye nuestro reclamo argumentando que hay 350 cooperativas en lista de espera más allá de que hayamos presentado toda la documentación y las formalidades nuestro caso no es prioritario ”, cuenta Llanos.
En ese marco, criticó: «Trabajamos todos estos años para lograr una solución definitiva, y al final todo termina en la nada. Con voluntad política, esto se soluciona en dos segundos».
En concreto, su propuesta es que el gobierno porteño compre el edificio para que luego los vecinos reintegren ese dinero, o que se adquieran nuevos terrenos y les permitan tener un hogar: «Hay muchos que no se están utilizando y pueden usarse tranquilamente para un proyecto de vivienda», señala.
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