Referentes de la oposición firmaron una declaración multipartidaria contra los ataques del Gobierno a la prensa. El documento, que excluye a libertarios e izquierda, advierte sobre el "retroceso institucional" y propone acciones para defender la libertad de expresión.
El texto expresa «preocupación por la escalada de expresiones desde el máximo estamento de poder», en referencia a las descalificaciones e insultos del Presidente y sus seguidores contra comunicadores. «El ataque a la prensa no busca la verdad, sino intimidar y silenciar las voces críticas», advierte, y llama a una «reacción colectiva desde la política y la sociedad». Entre los firmantes figuran Sergio Abrevaya (GEN), Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto y Mónica Fein; y Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Ramiro Gutiérrez por UxP.
La declaración sumó además las rúbricas de Carla Carrizo, Martín Lousteau y Julio Cobos (UCR); Sergio Abrevaya y Paula Olivetto (Coalición Cívica); Silvia Lospennato y Guadalupe Tagliaferri (PRO); y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), junto al ex radical Facundo Manes. El documento insta a partidos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos a suscribir un compromiso público por la libertad de expresión, destacando que el 25 de Mayo es «oportunidad para ratificar este principio democrático».
El texto propone cuatro acciones específicas: apoyo irrestricto a la prensa incluso ante críticas propias; denuncia pública de hostigamientos; utilización de canales institucionales para visibilizar estos casos; y mantenimiento de una ética política «especialmente en tiempos electorales». Subraya que «el silencio frente al autoritarismo es complicidad» y advierte sobre el «grave retroceso institucional» que implica la estigmatización de periodistas.
La declaración alerta que «la incitación al odio y, en algunos casos, la violencia física» agravan el escenario, afectando la convivencia democrática. «Reafirmamos nuestro compromiso con una Argentina donde la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño», concluye el documento, que circula para sumar nuevas adhesiones.
La iniciativa surge en un marco de creciente confrontación entre el Gobierno y sectores de la prensa, marcado por denuncias judiciales contra medios, descalificaciones públicas y reducción de la publicidad oficial. Los firmantes buscan articular una respuesta unificada ante lo que consideran un intento de «disciplinamiento» del periodismo independiente.
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