Aseguran que el ajuste vulnera el acceso a la educación de 600 estudiantes con discapacidad que se ven impedidos de una formación permanente.
Como viene difundiendo este medio desde diciembre pasado, se trata del recorte de clases a estudiantes mayores de 22 años con discapacidad intelectual en escuelas de formación integral y laboral. Las y los legisladores advierten que el ajuste se implementó en 13 escuelas de educación especial con las características mencionadas.
“Esto vulnera el acceso a la educación de cientos de estudiantes con discapacidad, porque impide el acceso a una formación permanente y, consecuentemente, dificulta el ingreso al mundo laboral, lo que genera mayor exclusión, discriminación y falta de espacios para la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad”, aduce en el pedido de informes la legisladora Laura Velasco quien redactó el documento.
“Seguimos insistiendo en que la educación pública en la Ciudad debe ser para todos y todas”, aseguró Velasco, quien hace pocos días se reunió con las familias para articular y acompañar su reclamo, y le planteó personalmente el tema a la ministra Soledad Acuña, durante la última reunión de la comisión de Educación”, agregó
Al mismo tiempo, la diputada porteña mantuvo varios encuentros con familias de estudiantes con discapacidad, y su equipo determinó que esta decisión de Soledad Acuña afecta a alrededor de unos 600 estudiantes. A estas escuelas especiales, hasta el 2021 asistían estudiantes de 15 a 30 años, pero en diciembre del año pasado, la cartera de Educación porteña comenzó con los recortes argumentando una resolución del 2011 del Consejo Federal de Educación, que indica que esas escuelas comprenden a una franja etaria de 12/14 años hasta 20/22 años.
«En numerosos artículos de la misma resolución se indica la promoción y garantía de propuestas educativas para jóvenes y adultxs con discapacidad, por ejemplo, en el artículo 47 menciona ‘propuestas de formación permanente, a las cuales puedan acceder aquellos/as adultos, a partir de los 20/22 años con discapacidad innata o adquirida que hayan finalizado o no su escolarización formal’”, advierte la legisladora en el pedido de informes y añade que al haber tomado «solo de una parte de la resolución nacional», el Ministerio «genera en los y las estudiantes la imposibilidad de acceder a la formación permanente», señala el documento de la legisladora.
En el mismo sentido, la diputada, señaló que las dificultades producidas por el cambio de horario tuvieron como consecuencia una ola de deserciones en las escuelas y que, al recorte se le suma «un fuerte ajuste en el servicio de comedor desde el 2015 que ahora, al cursar sólo 3 horas, se profundiza: Las y los estudiantes reciben apenas una colación», afirma.
El pedido de informes presentado por Velasco cuestiona, entre otros puntos, el presupuesto destinado a las Escuelas para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Mental y Formación Integral para los años 2021 y 2022; las propuestas educativas que existen actualmente para estudiantes mayores a 22 años con discapacidad; si hay un plan para crear nuevos espacios educativos y qué acciones orientadas a una salida laboral de estudiantes jóvenes y adultos con discapacidad se estuvieron/están realizando.
Según el último estudio realizado por la Dirección General de Estadística y Censos y COPIDIS, 4 de cada 10 personas con discapacidad manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa. La falta de apoyos para la asistencia y el aprendizaje es la más importante (86,9% de las respuestas), le siguen las actitudes discriminatorias (51,3%) y falta de accesibilidad arquitectónica y comunicacional (28,9%). El relevamiento también indica que el 83,6% de las personas requiere personal especializado, Acompañante Personal No Docente o Maestro Integrador.
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LARRETA HMABRA BAJADO FONDOS PARA ESTAS ESCUELAS , PERO AUMENTO Y MODERNIZO PATRULLEROS PARA QUE NOS CUIDEN JUSTAMENTE DE ALGUNOS QUE LE SALEN EN LAS CAMARAS DE ROSTRO Y NO SAB EN SIN SON O SE HACEN