Pedido de juicio político y repudio en el Congreso ante los dichos anti género del oficialismo

Diputados de Unión por la Patria presentaron cuatro proyectos que califican las expresiones presidenciales como “violentas” e incompatibles con la Constitución Nacional.

Mientras en distintos puntos del país se está organizando una marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antiracista tras los dichos del presidente Javier Milei en Davos, en el Congreso de la Nación, diputados de Unión por la Patria presentaron este lunes cuatro proyectos que califican las expresiones presidenciales como “violentas” e incompatibles con la Constitución Nacional.

Además, el diputado mandato cumplido Alejandro “Topo” Rodríguez fue más allá y presentó un pedido de Juicio Político para remover al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por la decisión de eliminar el ‘femicidio’ del Código Penal.

Por un lado, los peronistas Eduardo Valdés, Roxana Monzón, Jorge Antonio Romero y Blanca Osuna presentaron iniciativas que ponen alerta el deterioro democrático a raíz de las actitudes agresivas del presidente.

Por un lado, retoman el posteo de Milei del 21 de enero de 2025 pasado donde en su cuenta de “X” dijo: “Zurdos hijos de putas, tiemblen” “No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD”.

Respecto a estas declaraciones, en los fundamentos sostienen: “Es insólito que en un país que ha sufrido el terrorismo de estado, perpetrado por una de las dictaduras más sangrientas de la historia mundial, un presidente elegido democráticamente se anime a promover nuevamente estos discursos de persecución del oponente ideológico. La expresión ‘los vamos a ir a buscar hasta el último rincón’ es justamente lo que hizo la dictadura militar para perpetrar los delitos de genocidio y lesa humanidad ocurridos durante el periodo 1976-1983”.

En cuanto al discurso de la Casa Rosada contra las distintas minorías, sostienen: “Las manifestaciones del presidente de la Nación implican un acto de provocación contra los más altos valores democráticos, como son la libertad de pensamiento y expresión, el respeto por el disenso, las minorías y el debate a partir de la pluralidad de voces”.

“Los destinatarios de los discursos de odio han sido las minorías sexuales, las personas con discapacidad, los científicos, los pueblos originarios, periodistas, referentes de la cultura, dirigentes sindicales, funcionarios diplomáticos, los propios partidos políticos y sus dirigentes”, señalaron.

Denuncias contra el presidente

Las declaraciones subidas de tono de Milei ya recibieron dos denuncias en sede penal. Una fue realizada por el abogado Gregorio Jorge Dalbón y la otra fue impulsada por el titular de ATE, Daniel Catalano por persecución ideológica y por instigación a cometer delitos.

Este lunes, el dirigente bonaerense de Consenso Federal, Alejandro Rodríguez pasó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados y presentó -en calidad de ciudadano argentino y profesor universitario- un pedido de juicio político para Cuneo Libarona.

Para Rodríguez, Cúneo Libarona debe ser removido de su cargo, ya que “la decisión del ministro implica un ataque a las mujeres y constituye, en sí misma, un fundamento contundente de ‘mal desempeño en el ejercicio de sus funciones’, en los términos que fija el artículo 53 de la Constitución Nacional, como causal para someter a Juicio Político a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional»

Entre los principales fundamentos, señala que lo que se pretende instalar de manera “siniestra” es que el femicidio constituye la acción de quitarle la vida ‘a una mujer’, cuando en realidad se trata de algo muy distinto: quitarle la vida a una persona precisamente por ‘ser mujer'».  «Matar a mujeres por ser mujeres es la máxima expresión de la violencia machista, una realidad que el ministro de Justicia niega, de manera imperdonable», afirma el escrito.

Asimismo, sostiene que «el Juicio Político se solicita porque el ministro quiere cambiar el Código Penal para perjudicar a las mujeres, con el falso argumento de que hoy están siendo privilegiadas. Esa decisión, por parte de un altísimo funcionario público, genera un grave peligro social».

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