El presidente peruano, Pedro Castillo, denunció otra vez intentos de la oposición de derecha de destituirlo ilegalmente.
«Mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales», dijo Castillo.
Esto debería servir «para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú», agregó el mandatario de izquierda, en el poder desde julio de 2021.
La Carta Democrática Interamericana es un documento regional de defensa de la institucionalidad aprobado por la OEA y vigente desde hace dos décadas. Entre sus objetivos figuran enfrentar las «amenazas a la gobernanza democrática» en la región.
Castillo invocó el artículo 17 de la Carta que faculta a los países de la OEA a «solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática».
La solicitud formal del gobierno peruano se presentó el 12 de octubre, pocos días después de que la OEA, la organización que reúne a todos los países de América, celebrara en Lima su Asamblea General.
El Consejo Permanente de la OEA dijo ayer que, a pedido de Castillo, celebrará una sesión extraordinaria este jueves a las 14.30 (las 15.30 en Argentina) en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington «para considerar la situación en el Perú».
En su mensaje, el presidente peruano reiteró que existe un intento de «golpe de Estado» a través de una denuncia constitucional que presentó la fiscalía en su contra por presunta corrupción.
La denuncia está siendo evaluada por el Congreso, dominado por la derecha, y podría derivar en un antejuicio político y en la salida del presidente de ser aceptada.
«La nación enfrenta momentos difíciles. Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal general de la nación», dijo Castillo anoche, informó la agencia de noticias Europa Press.
El presidente reiteró que hay en curso un intento de «quebrantamiento del orden constitucional y democrático» por parte de «las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años noventa».
Según la Fiscalía, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
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