Pedro Castillo sigue sin paz. Actualmente tiene el récord de seis investigaciones en curso. Esta semana, una nueva modalidad de asedio ha venido directamente desde el Poder Judicial cuando la fiscal Patricia Benavides acusó al mandatario peruano por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión ante la mesa de partes del Congreso. La medida alcanza a los exministros de Transporte y Vivienda, mientras que los supuestos ilícitos estarían vinculados a la designación del gerente general de Petroperú y a la licitación del Puente Tarata III.

Es inédito que se haya presentado una denuncia constitucional sin que aplique ninguna de las causales que la Constitución peruana prevé en su Artículo 117 cuando es precisamente cuando es la defensa de la actual constitución fujimorista de 1993, uno de las principales diferencias del mandatario con la oposición. Sin embargo, la fiscal alude a pactos internacionales anticorrupción para pedir un «antejuicio», artilugio inédito que el mandatario ha calificado como «un nuevo estilo de golpe de Estado».

Por su parte, la fiscal Benavídez ha sido vinculada al narcotráfico. Su epítome de acusaciones previas a la presentación de este demencial recurso incluye la destitución de la fiscal que investigaba a su hermana jueza, por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, y por obstruir investigaciones a una mafia conocida como «los cuellos blancos» ligada al fujimorismo. De esta forma pueden verse los hilos que conectan la Justicia y la oposición legislativa, pero hay un tercer actor. Si bien la denuncia de la fiscal no debería proceder, la instalación del tema en la agenda pública habilita el show mediático con las actuaciones estelares de los congresistas. La denuncia se encuentra en la comisión de Constitución y Reglamento de mayoría fujimorista que hasta ahora dilata la resolución, buscando traccionar votos desde el Congreso para una nueva vacancia, tendrán tiempo para ello hasta el 24 de octubre. Quien preside dicha comisión parlamentaria es nada menos que Lady Camones, quien en su breve periodo como presidenta del Congreso había insistido en una tercera vacancia presidencial. Sin embargo, ella fue destituida mediante una moción de censura por parte del Congreso al difundirse audios con el jefe de su partido, César Acuña, para sancionar leyes a medida del empresario en plena campaña electoral en La Libertad. A pesar del escándalo, Acuña resultó electo y Camones que sigue en funciones tendrá un rol central en este embrollo jurídico. Si de incapacidad moral se trata…

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Si bien todos los presidentes peruanos desde el retorno democrático de comienzos de milenio fueron judicializados, la mayoría de sus causas se desarrollaron una vez concluido el mandato. Las únicas excepciones las constituyen Pedro Kuczynski –ante los coletazos del Lava Jato– y Martín Vizcarra, sin embargo, las investigaciones no fueron las causales de destitución, sino el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo que se dirimió mediante la vacancia por incapacidad moral. En el caso de Pedro Castillo ha sorteado airoso dos mociones de vacancia en menos de un año. Es por ello que la denuncia tiene un doble propósito: forzar un juicio político para destituir al presidente sin necesidad de los 87 votos del Congreso que hasta ahora nunca logró juntar y, en caso de ser desechado por ser un divague jurídico, preparar el terreno para una nueva y tercera moción.

En medio de la investigación, la Fiscalía allanó la casa de la hermana del mandatario, donde se encontraba también su madre en un delicado estado de salud. No es la primera vez que la Fiscalía allana a allegados de Castillo, este año fue allanado el propio Palacio de Pizarro en busca de su hija de crianza, la cual se entregó voluntariamente y se encuentra detenida preventivamente sin sentencia. También le han impedido al presidente democráticamente electo salir en dos ocasiones del país por motivos irrisorios, cabe entonces preguntarse ¿cuál es la verdadera organización criminal?   «