Un fiscal de la ciudad de Guayas que tenía a cargo varias causas contra grupos del narcotráfico e investigaba el copamiento a un canal de TV de la semana pasada en Ecuador, fue asesinado este miércoles a balazos por desconocidos, en un hecho que revitaliza la espiral de violencia que atraviesa el país y que había logrado calmarse solo parcialmente por unos días.
César Suárez había manejado en su carrera casos de narcotráfico, peculado, terrorismo y muertes violentas, pero ahora estaba al mando de dos investigaciones emblemáticas.
Por un lado, una por delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que la prensa local llamó “caso Metástasis” y en la que fue detenido en Panamá uno de los principales acusados, Daniel Salcedo; y, por otro, la toma del canal público de Guayaquil en medio de un noticiero el martes de la semana pasada.
Según los primeros datos del asesinato, Suárez se dirigía desde la policía judicial hacia la unidad de justicia del Albán Borja, para una audiencia. Medios locales publicaron la foto del automóvil blanco en el que viajaba, con varios impactos de bala, detenido sobre la Avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada e importante de Ecuador, que se ganó hace años también la etiqueta de la más violenta, porque bandas del narcotráfico se disputan sus calles y hasta el puerto, una salida estratégica hacia el Pacífico.
«Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (…) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», dijo la fiscal general, Diana Salazar. La propia Salazar denunció hace diez días que existía un plan para matarla, iniciativa que atribuyó a Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, detenido poco después pero fugado apenas unos días más tarde.
Esa fuga, y la anterior de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, terminaron por decidir al presidente Daniel Noboa a dictar el estado de excepción en todo el país por 60 días, con toque de queda nocturno incluido.
Pero el copamiento del canal de televisión de Guayaquil lo empujó a un decreto más drástico: declaró al país en “estado de conflicto interno” y catalogó a 22 bandas criminales como “terroristas” y, en consecuencia, proclives a ser tratadas como enemigas por policías y militares, que a partir de ahí se multiplicaron en las calles.
Ecuador vivió entonces sus peores días: motines en las cárceles con centenares de agentes penitenciarios retenidos por los presos, explosiones en estaciones, sedes policiales y medios de transporte, incendio de autos y ataques a infraestructura se sucedieron en las principales ciudades.
Mientras, las fuerzas de seguridad anunciaron la detención de cerca de 1.500 “terroristas” y varios países ofrecían tropas para colaborar con el combate a las bandas, en medio de un fuerte respaldo a Noboa desde la región, Estados Unidos y la Unión Europea.
Pero el asesinato de Suárez vino a alterar esa efímera calma de unos pocos días y amenaza con volver a acrecentar la violencia por la que Noboa suspendió su presencia en la asunción del guatemalteco Bernardo Arévalo como presidente y en el Foro Económico de Davos.
La jueza Fabiola Gallardo, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, confirmó en su cuenta de X el ataque contra Suárez: «Los atentados contra nuestros compañeros judiciales continúan. El asesinato del fiscal César Suárez no puede quedar en la impunidad. Mi solidaridad con la familia y con los compañeros fiscales», escribió en su cuenta de la red X (antes Twitter), según el sitio del diario guayaquileño El Universo.
El sitio Primicias, en tanto, apuntó que «en un reciente caso, en enero de 2023, Suárez vinculó a cuatro personas en un proceso por presunto peculado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil».
«También estuvo a cargo de la investigación de la estafa de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Precisamente, el coronel de la Policía Renato González reaccionó ante la muerte del fiscal. «Total rechazo, indignación e impotencia ante el vil asesinato del doctor César Suárez», expresó González.
Una responsable de la Fiscalía dijo a la agencia AFP que Suárez había sido encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la espectacular toma en plena transmisión del canal TC.
Un responsable de la policía aseguró que «las unidades investigativas se encuentran realizando las indagaciones pertinentes para encontrar a los responsables» en el principal puerto del país, centro de operaciones del narcotráfico.
Parte de la carrera de Suárez como fiscal fue durante años en Manta, Manabí, donde fue miembro de la Unidad de Muertes violentas.
Oriundo de Paján, desde ese cargo logró duras sentencias contra personas implicadas en asesinatos, femicidios y sicariatos. También estuvo a cargo de procesos judiciales en contra de bandas dedicadas al narcotráfico, con policías y hasta funcionarios públicos procesados.
Por un tiempo estuvo en Quito asignado a una nueva unidad de la Fiscalía que buscaba investigar a funcionarios implicados en casos de corrupción a nivel nacional.
En 2020, el asesinado fiscal tuvo a su cargo una investigación por supuesto tráfico de bienes patrimoniales tras descubrir en una vivienda algunas piezas de valor durante un operativo el 3 de junio. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram estuvieron involucrados en esa investigación.
Ni el presidente Noboa ni ninguno de sus ministros se pronunció en principio sobre el crimen de Suárez, que coincidió con la primera rendición de cuentas de la titular de Interior, Mónica Palencia, ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional (AN, parlamento). “Hay zonas calientes en las cuales se está trabajando para un Ecuador más seguro”, dijo Palencia en ese informe.
