Pedro Sánchez sufre también el bloqueo judicial de la derecha

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, denunció un «bloqueo sin precedentes» a una reforma judicial votada en la Cámara baja y consideró que se trata de un ataque a la democracia como no se veía en el país ibérico desde hace 44 años. Sánchez destacó que «por una diferencia mínima de seis a cinco» el Tribunal Constitucional paralizó «la acción de las cortes generales». El reclamo al TC había sido presentado por el opositor Partido Popular y dejó en suspenso a la reforma del Código Penal aprobado el jueves anterior en el Congreso de los Diputados.

Entre otras cuestiones, la reforma está destinada a desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados de ese tribunal, que tiene entre sus atribuciones, garantizar el acuerdo con la Carta Magna española de los tratados internacionales que firme el Poder Ejecutivo, resolver conflictos de competencias y salvaguardar en última instancia los derechos fundamentales de los ciudadanos. El mandato de esos cuatro cargos venció en junio y el PP y la derecha de Vox se pusieron de acuerdo el impedir que la alianza entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos pueda designar a candidatos que inclinen la balanza hacia el lado progresista de la vida.

La situación no es nueva y la agenda conservadora se mantiene firme en bloquear al gobierno tanto como pueda para impedir que se tomen decisiones favorables a la centroizquierda hasta tanto no consigan volver al poder. De hecho, hace cuatro años venció el mandato de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano encargado de nombrar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el TC y el Tribunal Supremo. La versión hispana de nuestro Consejo de la Magistratura no logró un consenso para nombrar a sus reemplazantes.

«Por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación de esa voluntad popular, de debate en el Parlamento y de legislación», prosiguió Sánchez con su queja. Su ministra de Justicia, la también socialista Pilar Llop, acusó al PP de «haber secuestrado las instituciones democráticas».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoyado en los medios que responden a la derecha, dijo que «Hoy nuestra democracia sale fortalecida; en un estado de derecho, todos los poderes están sometidos a la ley. Sánchez y los suyos presentan como ataque al Parlamento lo que en realidad es una defensa», y lo acusó de haber tratado de acelerar la reforma sin respetar los procedimientos.

El neofranquista Vox se sumó al PP en su reclamo al TC, pero ellos hacen hincapié en el deseo de impedir la derogación del delito de sedición y una rebaja en el de malversación. En su caso, esas son medidas catalogadas como demagógicas y destinadas a favorecer a los independentistas acusados por el intento de octubre de 2017 de crear una república catalana.  «