La Agencia Nacional de Discapacidad tardó cinco meses en derogar la resolución que trataba de “idiotas e imbéciles” a las personas con discapacidad. Organizaciones advierten que persiste el problema de fondo.
Mientras crecen los reclamos de organizaciones sociales y familias, advierten que sigue vigente el problema de fondo: la consideración de la discapacidad como una cuestión médica y medible, usada como base para implementar el ajuste.
La resolución 187/2025 fue publicada el 16 de enero en el Boletín Oficial. Desató un escándalo por los términos discriminatorios utilizados para referirse a personas con discapacidad y llevó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a pedir disculpas y desplazar a funcionarios. Sin embargo, recién este martes –casi cinco meses después- se oficializó la derogación mediante la Resolución 1172/2025. En tanto, la Agencia difundió que se trabaja “en la implementación de una nueva normativa que está siendo revisada por profesionales y especialistas en la temática”.
En el medio, avanzaron las auditorías sobre las que se definirá la continuidad o no de las pensiones otorgadas. El criterio establecido se apoya en un baremo médico con los lineamientos para el análisis del grado de invalidez laboral. La nueva resolución señala que “con posterioridad a su entrada en vigencia, se han identificado diversas observaciones y oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho Baremo, especialmente en lo referido a la incorporación de referencias a normativas internacionales”. Es decir, se emitió y sostuvo durante casi medio año una resolución que no respetaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamaba desde febrero la derogación de la resolución 187, no sólo por las expresiones peyorativas que contenía sino porque “implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo”.
Cinco meses después y ante la confirmación de esa derogación, desde esa entidad advirtieron que el problema de fondo continúa. “Está bien que se haya derogado, no sabemos por qué tardó cinco meses. La resolución reglamentaba la forma de medir el 66% de invalidez laboral para las pensiones, algo que fue instaurado por el Decreto 843 –de septiembre del año pasado- que modifica al 432 que reglamentaba el otorgamiento de pensiones desde 1997. El 843 modifica los requisitos para acceder, volviendo a poner requisitos que se habían sacado por ir contra la Convención. Uno de ellos es determinar un porcentaje de invalidez”, explicó a este diario Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de la Personas con Discapacidad de ACIJ.
“El problema de base es que se va a evaluar qué personas alcanzan el 66% de invalidez y eso sigue estando vigente. Andis fue muy clara desde el principio en decir que va a basarse en una medición médica; hay que esperar la nueva norma, pero se va a seguir basando en criterios médicos. El problema de fondo, la reglamentación integral del sistema de pensiones, no se modificó: está en el decreto 843”, advirtió la especialista.
Tras la derogación de la resolución, Andis aseguró que la nueva normativa se está elaborando con “activa participación de organizaciones de la sociedad civil”. Sin embargo, ACIJ cuestionó que esa convocatoria a participar está siendo “muy selectiva” y no incluye a quienes vienen sosteniendo una postura crítica sobre el desempeño de la Agencia que comanda Diego Spagnuolo.
En tanto, reina la incertidumbre no sólo sobre cómo continuará el proceso de auditorías sino también sobre qué pasará con las ya realizadas durante estos cinco meses y sus resultados. “En septiembre empezó el proceso de auditorías en CABA y este año se amplificó a todo el país, con un montón de problemas profundos que a nuestro entender invalidan el proceso”, planteó Arcucci.
“No negamos la atribución de auditar, pero no en estas condiciones –remarcó la referente de ACIJ- No está pensado para personas con discapacidad, en todos sus pasos: desde la carta documento, que no brinda información suficiente, hasta las citaciones lejos de la casa, en instalaciones no adecuadas, no se da información a la gente cómo sigue el proceso, genera mucha angustia. Hay mucha incertidumbre y está en juego un ingreso que para muchas personas es fundamental”. Agregó que “las auditorías siguen. Hasta que no tengan un baremo no sabemos qué están auditando y cómo. Es un problema. Pero no están frenadas”,
Las denuncias y reclamos por las condiciones en que se pusieron en marcha las auditorías se dieron desde un primer momento, con personas con discapacidad y familiares que debieron hacer filas durante horas, en puntos lejanos a sus domicilios, con requisitos que incluían presentar documentación médica y sin el tiempo acorde para obtenerla, entre otras cosas.
La tardía derogación de la Resolución 187 y la incertidumbre sobre cómo continuarán las auditorías con las que se busca recortar la entrega de pensiones –tras un mensaje estigmatizador sobre sus beneficiarios por parte del Gobierno Nacional- se dio en paralelo con un nuevo reclamo de prestadores del sector, ante una crisis que denuncian como terminal.
La no actualización del Nomenclador que define a nivel nacional los montos que reciben terapistas y profesionales de centros de día, espacios de rehabilitación y escuelas especiales implica que en lo que va del año no registraron ningún aumento, sumado al desfasaje que arrastraban de años previos.
Desde el Foro Permanente de Discapacidad –que convocó a la movilización de este martes frente al Ministerio de Salud, al mando de Mario Lugones- denunciaron que “los aranceles que paga el Estado a los prestadores de servicios para personas con discapacidad están congelados desde diciembre de 2024 y acumulan un desfasaje del 73% en relación a la inflación”.
La crisis es tal que “las instituciones y transportistas están cerrando o reduciendo sus servicios”, mientras “los profesionales (psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, entre otros) no pueden sostener su labor por sus míseros honorarios”.
Además de los cierres de espacios, en otros se está comenzando a cobrar un plus o copago para permitir la continuidad del funcionamiento. “Ya hubo bastantes despidos y se empezó a cobrar una diferencia a las familias, lo cual genera una situación de estrés porque no todas pueden pagar. Es algo que nunca había sucedido. Trabajo en discapacidad hace 20 años y esto nunca había pasado”, contrastó Virginia Els, psicóloga y psicopedagoga, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CA.PRE.DIS). Decenas de instituciones de esa provincia firmaron esta semana una carta abierta para alertar que así no se puede continuar y que “si este sistema colapsa, las consecuencias serán devastadoras”.
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