En la presentación ante la Corte Suprema que realizó la provincia de Salta, se señala que la ANDIS utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión.
La acción instruida por el gobernador Gustavo Sáenz también solicita una medida cautelar y pedido de audiencia pública.
Por el escrito se busca restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta, las cuales se considera que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Además, se requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas. También, que se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Por último, se cite a audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios.
La demanda se fundamenta en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS.
La provincia alega que los procedimientos fueron «arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales», y destaca que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones.
Entre las anomalías denunciadas, se mencionan la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional.
La provincia también señala el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias para trámites que no se concretaban.
La presentación de Salta sostiene que las acciones del gobierno nacional no sólo incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que además agravan su situación, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana.
En este sentido, la Fiscalía de Estado considera que se trata de una medida con fines fiscalistas que atropella los derechos de los ciudadanos.
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