Perú: la corrupción, las regiones y la judicialización

Esta semana, el Premier peruano Aníbal Torres ofreció una conferencia de prensa, en la cual no solo dio datos duros del crecimiento económico -contradiciendo los temores infundados de las derechas-, sino que aprovechó la ocasión para mostrar en hechos de público conocimiento cómo el Congreso legisla a favor de ciertas candidaturas. Una serie de audios viralizados por la prensa mostraron a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y al actual candidato a gobernador regional de la Libertad, César Acuña, ambos del partido Alianza para el Progreso, negociando un acuerdo para priorizar el proyecto de Ley para la creación del distrito Alto Trujillo. Este acuerdo era relevante ya que se establecía un cálculo sobre la cantidad de electores que atraería la propuesta de cara a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. A raíz de las filtraciones, Camones fue censurada con 61 votos en contra. Este hecho implicó la contracara del discurso de corrupción en las regiones que, hasta el momento, había sido esgrimido como el principal caballo de batalla contra el Ejecutivo.

En las décadas previas a la emergencia de Castillo, varios fueron los liderazgos populares judicializados: Gregorio Santos (Cajamarca), Vladimir Cerrón (Junín), Alberto Pizango (Bagua), Walter Aduviri (Puno), entre otros. Las judicializaciones contra los líderes regionales tuvieron distintas acusaciones, pero pueden resumirse en dos: protesta social y corrupción.

Actualmente, el presidente y su entorno son investigados por integrar una supuesta organización criminal que involucraría a miembros de su familia y funcionarios. La prisión preventiva de 30 meses contra Yenifer Paredes, hija de crianza del presidente, fue el máximo hito de una práctica judicializante de larga data. Para la Fiscalía, Paredes tendría vínculos con autoridades regionales acusadas de la obtención ilegal de contratos de obra pública en algunas municipalidades como en el caso del alcalde de Anguía, Neil Medina. Este golpe a la propia familia del presidente tiene algunas arbitrariedades. En primer lugar, tanto la Fiscalía como el juez han equiparado la responsabilidad de la joven con la del propio alcalde. En segundo lugar, la ocasión fue aprovechada para espectacularizar la supuesta corrupción a partir del allanamiento del Palacio Presidencial. Por último, han considerado como agravante el riesgo de fuga aun cuando fue la propia Paredes quien se entregó a la Justicia.

El ensañamiento contra el presidente y su familia sugiere otras motivaciones políticas. El 29 de octubre de 2021, Castillo firmó un decreto de necesidad y urgencia para redistribuir la obra pública hacia las provincias. Los medios de comunicación limeños y sus operadores equiparan la entrega de recursos del centro a la periferia como fomento a la corrupción. Básicamente, consideran que las provincias no pueden administrar eficientemente sus recursos, son corruptas, no cuentan con “recursos tecnocráticos” o, simplemente, son “ignorantes” a priori.

La prensa hegemónica enmarcó como corrupción la decisión política de la inclusión de las regiones y, desde entonces, propició una campaña para exigir su renuncia y las elecciones anticipadas el próximo año. Sin embargo, en términos pragmáticos, la reciente liberación de Antauro Humala -hermano del expresidente Ollanta y fundador del movimiento político etnocacerista- encarcelado 17 años por las protestas del llamado “Andahuaylazo” ha cambiado el tablero político. Hay un Perú profundo que se identifica con posiciones políticas más radicales y que encontraría en Antauro un candidato a su medida en caso de unos nuevos comicios. La oposición mira azorada cómo el reclamo de participación de la periferia sobrepasa al propio mandatario y no cesará ni siquiera con su destitución.