Perú sale a las calles a un mes del indulto a Fujimori

El autor mediato del caso Barrios Altos (1991), la masacre de 15 personas -erróneamente vinculadas con Sendero Luminoso-, que fueron asesinadas, entre ellas un niño de 8 años, y otras cuatro heridas. 

El autor mediato del caso La Cantuta (1992), el asesinato de un profesor universitario y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta que fueron secuestrados y desaparecidos. Ambos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el destacamento militar “Grupo Colina”. 

El autor del delito de usurpación de funciones de un fiscal para allanar el domicilio de la ex esposa de su principal asesor Vladimiro Montesino, con el fin de desaparecer los famosos “Vladivideos” que contenían escenas de corrupción. 

Autor del delito de peculado por haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su asesor Montesinos.

Autor del delito de corrupción por el espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas tránsfugas.

Autor del caso “Diarios chicha”, por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar a medios de comunicación de prensa escrita que apoyaron su segunda reelección.

El mismo que es investigado en el caso Pativilca, otra matanza de seis personas realizada también por el Grupo Colina e investigado también por las esterilizaciones forzadas, el crimen más cruel contra las mujeres peruanas de la historia contemporánea, mujeres que hasta la fecha no encuentran justicia ni reparación. 

Alberto Fujimori, el dictador peruano de la década del noventa, para muchas y muchos un genocida, quedó en libertad en plena Navidad.

Días previos a este tan ruidoso indulto, PPK había pasado por un fugaz proceso de vacancia promovido desde el Congreso, que casi lo deja fuera de la presidencia del Perú. Resulta que PPK, como los últimos ex presidentes del Perú y varios políticos latinoamericanos, estaría vinculado al caso LavaJato, el caso más sonado de corrupción de nuestra región, por haber contratado con Odebrecth, mediante una empresa suya en Estados Unidos, mientras era ministro de Economía durante del Gobierno de Toledo (2001-2006) -dicho sea de paso, el ex presidente Toledo tiene una orden de captura y se encuentra prófugo-. 

Esta vacancia no prosperó porque PPK hizo un pacto infame con un sector del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori (hijo de Alberto), para que votarán en contra de la vacancia a cambio de que Alberto Fujimori fuera indultado a la brevedad. 

Así fue, ahora el líder máximo del fujimorismo se encuentra en libertad y no porque realmente mereciera un indulto por padecer una enfermedad de carácter terminal ni mucho menos, sino porque se efectúo un pacto de impunidad que lo único que  hace es que los políticos corruptos del Perú se sigan cuidando las espaldas y ocultando sus delitos. 

Sin embargo, la respuesta popular no se hizo esperar. Esa misma Nochebuena en Lima, Cusco y  en las principales ciudades del Perú, la gente indignada salió a las calles. Los familiares de las víctimas de la dictadura fujimorista se manifestaron y hasta la fecha se han realizado una serie de marchas  multitudinarias a nivel nacional, que exigieron que el indulto sea revocado, que Fujimori vuelva a prisión y que cumpla su pena, además de que PPK renuncie a su cargo de presidente. 

Desde las izquierdas se busca  promover un nuevo proceso constituyente y que se realicen nuevas elecciones; además el Instituto de Defensa Legal del Perú (IDL) ya inició un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la nulidad del indulto, que esperamos se resuelva pronto.

Durante este mes, el gobierno peruano designó el 2018 como el “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”, con el fin de justificar el pacto que hizo PPK con el fujimorismo. Además  aprovechó la reciente visita del Papa Francisco, para distraer a la población y que se olvide aquella terrible Nochebuena. 

Los fujimoristas, algunos políticos y el sector conservador del Perú dicen que las manifestaciones populares contra el indulto están cargadas de odio y rencor. Se niegan a entender que se trata de dignidad y memoria, que las familias de las víctimas buscan justicia, que como peruanas y peruanos merecemos verdad y una reconciliación real, que no olvidamos y que no se puede pactar por la impunidad. 

Por eso este próximo martes 30 de enero nos volvemos a manifestar. De seguro las y los peruanos que viven en Argentina y otros países también saldrán a las calles con la esperanza de que un nuevo Perú,  sin impunidad y sin olvido, es posible.