Ante la oposición de sus socios europeos y organizaciones que advierten el riesgo al Estado de derecho.

Zelenski firmó la ley aprobada por el Parlamento en una semana marcada por los registros a gran escala que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General llevaron a cabo en las sedes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
Sobre ambas agencias había caído el peso de la sospecha por la supuesta injerencia rusa en las mismas, así como por el retraso que arrastran algunos procedimientos. Con la nueva norma, la Fiscalía podrá intervenir en las investigaciones, archivando o redirigiendo los casos, al tiempo que limita las funciones del jefe del SAPO.
Para Zelenski, esta nueva ley «garantiza el fortalecimiento real del orden público en Ucrania, la independencia de los organismos anticorrupción y otorga una protección fiable ante cualquier influencia o injerencia rusa».
«El texto es equilibrado», insistió, en medio del recelo que llega desde Europa. «Es importante que mantengamos la unidad. Es importante que mantengamos la independencia. Es importante que respetemos la postura de todos los ucranianos y estemos agradecidos a todos los que apoyan a Ucrania», dijo en Telegram.
Con esta ley, Zelenski puso fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano), un organismo respaldado por los Estados Unidos, de acuerdo con una versión que mereció la mirada de The Wall Street Journal.
La medida también afectó a la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP) y, según reportes del citado diario, las protestas tuvieron lugar en Kiev, Lvov, Odesa, Dnepr y otras ciudades.
A raíz de esta medida, se congregaron en la capital Kiev más de un millar de personas cerca de la oficina presidencial, coreando consignas como “vergüenza”, “veta la ley” y “Zelenski es un demonio”.
De acuerdo con el medio, esta es una de las mayores manifestaciones contra Zelenski desde el inicio del conflicto armado entre Ucrania y Rusia.
Los embajadores del G7, integrado por Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, más la Unión Europea, reaccionaron en contra de la medida.
“Todos compartimos el compromiso de apoyar la transparencia, la independencia de las instituciones y la buena gobernanza, y valoramos nuestras alianzas en Ucrania para combatir juntos la corrupción”, reza su comunicado, según una publicación de Actualidad RT.
Asimismo, organizaciones con Human Rights Watch (HRW) alertan que con esta nueva ley ambas oficinas perderán su independencia y se pone en riesgo el Estado de derecho de Ucrania, que aspira a formar parte de foros como la UE.
«Socavar a los organismos independientes anticorrupción, especialmente durante la brutal guerra que Rusia libra contra Ucrania, amenaza con debilitar los cimientos democráticos de Ucrania y su futura integración con Europa», ha señalado Rachel Denber, subdirectora para Europa y Asia Central de HRW.
BB con NA y Europa Press
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