Peter Thiel, Javier Milei y la colonización tecnológica del Estado

El 2 de enero de 2025, mientras el país miraba hacia otro lado —que es, precisamente, cuando este gobierno toma sus decisiones más importantes—, se publicó el decreto que creó la Comunidad Informativa Nacional. Un sistema que concentra los datos del Renaper, las migraciones, la aduana, la cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, la regulación nuclear, la CONAE, el ARCA. En un solo acto administrativo, Milei construyó el menú que Palantir Technologies necesita para operar en el país. Construyó la mesa antes de que llegara el comensal. Decoró el cuarto antes de que llegara el huésped. Firmó los contratos del «Escudo de las Américas» de Trump como si adherir a la arquitectura de vigilancia imperial fuera un gesto de soberanía nacional.

Dos meses antes del decreto, en noviembre de 2024, Javier Milei había viajado a Silicon Valley en su primera visita oficial al corazón del poder tecnológico estadounidense. Allí se reunió con Peter Thiel. Thiel lo elogió con la condescendencia con que un accionista mayoritario elogia a un gerente regional que está haciendo bien su trabajo: «Va por el camino correcto.» Y Milei sonrió. Como sonríe siempre que alguien más poderoso que él le dice que tiene razón.

Thiel no es solamente un millonario excéntrico con ideas libertarias. Es el cofundador de Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor, In-Q-Tel. Una empresa concebida, desde el primer día, como herramienta de vigilancia estatal. No llegó al Estado después de triunfar en el mercado: nació del Estado más poderoso del mundo para servirle. El mercado llegó después, como coartada, como relato de legitimación, como el cuento de que cualquiera puede construir una empresa así si trabaja lo suficiente.

Patricia Bullrich, antes de que la disputa interna por los contratos millonarios la frenara, había negociado un acuerdo con Palantir para implementarla en una Agencia de Seguridad Migratoria. La misma Palantir que el servicio de inmigración estadounidense —el ICE— usa para sus redadas antiinmigrantes. La misma que coordina listas de deportación. La misma que perfila, clasifica y selecciona cuerpos según su utilidad para el orden establecido. El proyecto no cayó por objeciones éticas ni por respeto a derechos civiles. Cayó porque alguien del otro lado del pasillo quería manejar el negocio. La diferencia moral entre las dos posiciones es exactamente cero.

Ahora la puerta está entreabierta de nuevo, y esta vez con decreto, con acuerdos internacionales firmados y con la bendición ideológica de Thiel. ¿Qué es una nación que entrega sus datos ciudadanos a la misma corporación que ejecuta redadas antiinmigrantes en Minneapolis? ¿Qué es un Estado que desmantela su sistema científico-tecnológico nacional y contrata vigilancia a empresas con vínculos directos en Langley? No es un Estado soberano. Es una franquicia del orden global, con bandera propia y servidores ajenos.

El uso de inteligencia artificial para el patrullaje de redes sociales y el análisis predictivo de conductas no es una tecnología neutral desplegada sobre una sociedad neutral. Es una herramienta que amplifica los sesgos de quien la programa y los objetivos de quien la contrata. La evidencia internacional es consistente y abrumadora: donde actúa Palantir, los primeros perfilados son los que protestan. Los primeros clasificados como «riesgo» son los que organizan. Los primeros en la lista son los que preguntan en voz alta lo que el poder prefiere que nadie pregunte en silencio.

Para entender a dónde puede ir esto, conviene mirar adonde ya fue. En Gaza, desde octubre de 2023, algoritmos de inteligencia artificial llamados Lavender, Gospel y —aquí el lenguaje se convierte él solo en documento histórico— Where’s Daddy, operan como sistemas autónomos de selección de objetivos. El último no es una metáfora: localiza al hombre identificado como objetivo en el momento en que regresa al hogar familiar, maximizando la probabilidad de que el impacto alcance al mayor número de personas presentes. La eficiencia está optimizada. La muerte de niños figura en los parámetros como «costo aceptable». No como tragedia. Como variable estadística dentro de un margen aprobado.

 La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, señaló a Palantir directamente como cómplice de lo que describió como un «crimen colectivo» de genocidio. El director ejecutivo Alex Karp no se defendió. Alardea. Habla con orgullo de la «alianza estratégica» con el Ministerio de Defensa de Israel, del honor que siente al respaldar la ocupación «en todo lo que podamos». La transparencia del crimen no lo frena. Lo legitima. En este modelo de negocios, el pudor fue el primer costo operativo en eliminarse.

La tecnología probada sobre cuerpos palestinos se vende luego al mundo con catálogo, precio y garantía de funcionamiento. «Probada en combate real», dice el argumento de venta implícito en cada presentación corporativa. El combate real fue el hogar de alguien. La prueba real fue su familia. El producto que hoy se le ofrece a la Argentina es el resultado de esa calibración. El software espía israelí Pegasus apareció en teléfonos de periodistas y activistas en más de cuarenta países. En marzo de 2026, la fiscalía italiana confirmó su uso contra activistas y periodistas italianos. La ciberseguridad europea se subcontrata cada vez más a empresas israelíes. Europa se convirtió, sin declararlo, en un estado apéndice de vigilancia. Argentina parece decidida a hacer el mismo recorrido, pero en velocidad crucero y con el piloto automático del alineamiento ideológico.

El despliegue de la agenda ultraderechista global tiene una estrategia cultural muy precisa: reemplazar el lenguaje de la crítica por el lenguaje del mercado. No se dice «desigualdad»; se dice «ineficiencia de asignación». No se dice «vigilancia masiva»; se dice «seguridad inteligente». No se dice «entrega de soberanía»; se dice «integración a plataformas de vanguardia». Quien controla el vocabulario controla el horizonte de lo pensable. Y cuando ese horizonte coincide exactamente con los intereses de quien lo diseñó, se llama sentido común.

Milei habla en memes. Karp habla en datos. Thiel habla en inversiones. Pero los tres hablan el mismo idioma de fondo: el idioma en el que las personas son variables, los derechos son ineficiencias y el poder es la consecuencia natural de ser mejor que los demás. Un idioma donde la pregunta «¿a quién beneficia esto?» no se formula, porque la respuesta está dada de antemano y no pertenece al vocabulario de lo que puede decirse.

La maquinaria de destrucción no es inevitable. Es una elección. Y las elecciones tienen autores con nombre, cargo y responsabilidad. Los contratos que habilitarán la vigilancia en Argentina no son fatalidades geopolíticas ni imperativos tecnológicos: los firman personas en ejercicio de funciones públicas, con nombre propio, con poder delegado por una sociedad que todavía puede, si se lo propone, pedirles cuentas.

Lula da Silva, en la cumbre sobre inteligencia artificial celebrada en Nueva Delhi este año, lo dijo con la claridad de quien ya no tiene tiempo para eufemismos: «Cuando son unos pocos los que controlan los algoritmos y las infraestructuras digitales, no se trata de innovación, sino de dominación».

La diferencia entre innovación y dominación no es técnica. Es política. Es ética. Es la diferencia entre una tecnología que sirve a quien la usa y una que sirve exclusivamente a quien la posee.  «