El desembarco de Peter Thiel en Buenos Aires hace una semana, escoltado por el aura de misticismo tecnológico que rodea a Silicon Valley, no debe leerse como una simple visita de un inversor extranjero. En el contexto del gobierno de Javier Milei, la llegada del cofundador de PayPal y Palantir marca un hito preocupante en la configuración de la infraestructura digital pública de Argentina. No estamos ante un filántropo digital, sino ante el principal arquitecto de un modelo de libertarianismo tecnocentrista que ve en las instituciones democráticas un estorbo para el despliegue del poder computacional y el control autoritario. Desde Derechos Digitales, observamos con alarma cómo la narrativa de la “modernización” intenta camuflar la entrega de soberanía digital a una de las empresas más opacas y peligrosas del sector de defensa e inteligencia global.
El ideólogo detrás de la vigilancia: la democracia como obstáculo
Para entender el riesgo que representa Palantir, primero debemos entender a Peter Thiel. A diferencia de otros CEOs de Silicon Valley que mantienen una fachada de progresismo liberal, Thiel es explícito en sus convicciones. En su ensayo The Education of a Libertarian, afirmó sin ambigüedades: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.
Esta premisa no es una abstracción filosófica ni un posicionamiento político tan audaz como vacío, sino la base operativa de sus negocios. Para Thiel, la tecnología no debe servir a la política, sino superarla. Su visión propone un mundo donde los Estados se gestionen como corporaciones y donde los derechos ciudadanos sean reemplazados por una eficiencia algorítmica dictada por élites tecnológicas. Un Estado sin contrapesos democráticos es, además, el cliente ideal para quien vende infraestructura de vigilancia. Que un gobierno libertario reciba con alfombra roja a quien considera que la democracia es un experimento fallido, es, al menos, algo que debería preocuparle a cualquier persona que defiende valores democráticos en Argentina, más allá de su orientación política.
La relevancia de Thiel no empieza ni termina en la industria tecnológica, sino que se extiende a la médula del poder político. El actual vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, es una creación política del propio Thiel. Fue él quien lo mentoreó, quien financió su carrera en el sector del capital de riesgo, y quien inyectó los millones de dólares necesarios para su ascenso al Senado. Esta es una demostración clara de que el proyecto de Thiel no es solo empresarial. Su visita a Buenos Aires responde a esa misma lógica de construcción de poder. Al alinearse con el gobierno de Milei, Palantir busca un laboratorio regional donde aplicar sus lógicas de control social bajo el amparo de una afinidad ideológica que desprecia lo público. Las reuniones ya confirmadas[JCL1] entre representantes de Palantir y funcionarios de inteligencia sugieren que el desembarco no es para vender planillas de cálculo, sino para penetrar en el sistema de seguridad nacional.
Su empresa insignia, Palantir Technologies, toma su nombre de las piedras videntes de El Señor de los Anillos. Es una metáfora transparente: su negocio es la visión totalizadora, a través del análisis masivo del Big Data. No se trata de una empresa de software convencional, sino que de la principal proveedora de infraestructura de vigilancia e inteligencia para las fuerzas armadas y agencias de espionaje más poderosas del planeta. Sus contratos multimillonarios con el ejército estadounidense, la CIA, el FBI y el ICE (la agencia de inmigración responsable de deportaciones masivas), entre otras, demuestran que su especialidad es la clasificación de personas. Además, sus estrechos vínculos operativos con el ejército israelí subrayan que su tecnología está diseñada para escenarios de conflicto y ocupación, donde la privacidad de la población ocupada no es una preocupación y donde la presunción de inocencia está descartada de plano.
Recientemente, la empresa publicó en redes sociales un manifiesto de 22 puntos que, en esencia, es una declaración de guerra fría digital, basada en el pensamiento de su actual CEO, Alex Karp. Argumenta que las Big Tech tienen una “deuda moral” con los Estados Unidos y que es necesario un “hard power” (poder duro) impulsado por software para mantener la dominación global de Occidente. Este posicionamiento dinamita cualquier pretensión de neutralidad tecnológica. Cuando una empresa declara que su herramienta es un arma para una superpotencia específica, cualquier otro Estado que contrate sus servicios no está adquiriendo un software técnico ni objetivo, sino que está integrando un troyano ideológico en su infraestructura crítica. ¿Cómo puede Argentina garantizar su soberanía si sus decisiones de inteligencia o seguridad nacional dependen de un sistema diseñado para servir a los intereses geopolíticos de la administración Trump?
La soberanía digital de Argentina en juego
La pregunta que el gobierno de Milei debe responder de forma urgente es: ¿qué acceso a datos de la ciudadanía argentina y del Estado argentino están sobre la mesa? Palantir se especializa en conectar bases de datos que antes estaban aisladas (salud, antecedentes penales, registros migratorios, actividad financiera) para crear perfiles predictivos. En un país con una historia de persecución política y abusos de las fuerzas de seguridad, entregar estas capacidades a una empresa extranjera con estos antecedentes es una irresponsabilidad histórica.
Implementar tecnologías como las que vende Palantir en un contexto de concentración de poder y debilidad de los organismos de control es el escenario soñado para cualquier autoritarismo. No hay eficiencia administrativa que justifique la creación de una infraestructura de vigilancia total que, una vez instalada, es casi imposible de desmantelar.
Desde el activismo por los derechos humanos, rechazamos la idea de que la tecnología es un campo neutral. La visita de Peter Thiel y la posible firma de contratos entre Palantir y el Gobierno argentino representan una elección política clara: la de un modelo de sociedad donde la privacidad es un lujo y la disidencia un patrón detectable por un algoritmo.
Una empresa que justifica públicamente la militarización de la IA y la superioridad civilizatoria de un bloque sobre otro no tiene nada que ofrecer a una democracia que pretenda ser justa y soberana. Los derechos digitales son derechos humanos, y la infraestructura que sostiene nuestra vida pública no puede quedar en manos de quienes, explícitamente, declaran la guerra a los valores democráticos. La sociedad civil y el Congreso deben exigir transparencia inmediata sobre estos acuerdos. El futuro de la libertad, la privacidad y la seguridad digital de las y los argentinos está en juego.
El autor es codirector ejecutivo de Derechos Digitales
