Pettovello eliminó más programas sociales de la Secretaría de Niñez

Con el afán puesto en achicar el Estado a toda costa, la ministra favorita de Javier Milei continuó con su tarea de eliminar políticas públicas para los sectores más vulnerables. Mediante cinco resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, Sandra Pettovello –al frente del Ministerio de Capital Humano- disolvió más programas de la Secretaría de Niñez, continuando con el desguace puesto en marcha el mes pasado.

Se trata de las resoluciones 201/2025; 202/2025; 203/2025; 204/2025 y 205/2025, que ponen fin al Programa de Abordaje Comunitario “Abrazar Argentina” (para asistir a personas en situaciones de vulnerabilidad social y agravadas por fenómenos climáticos, pese al incremento de su frecuencia en estos tiempos); el Programa Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes, destinado a personas de 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad; el cierre de los espacios Unzué y Sarmiento, abocados a la promoción de derechos de infancias y adolescencias, y de Colonia Gutiérrez e Inchausti, en Marcos Paz, por cuyos talleres pasaban unos 50 mil chicos y chicas por año.

Las resoluciones llevan la firma de Juan Bautista Ordoñez, designado por el Gobierno al frente de Niñez en noviembre del año pasado, pese a no tener experiencia en la materia. Su currículum como empresario indica que fue CEO de Codere, una de las principales empresas de apuestas, además de haber pasado por Barrick Gold y Aerolíneas Argentinas.

El argumento de la gestión de Pettovello y Ordoñez para el cierre de más programas en el área de Niñez es el mismo que usa el Gobierno para todo: hay que optimizar los recursos, reducir el gasto, achicar el Estado y eliminar la supuesta duplicación de funciones.

Sigue el desguace

La publicación de las cinco resoluciones de este jueves no causó sorpresa. Los cierres de programas se suman a los que ya se habían dado a conocer en marzo, así como a los cientos de despidos registrados en el área de Niñez.

Capital Humano ya había disuelto el programa de derechos de niños y niñas con madres privadas de la libertad, que promovía el vínculo de esas mujeres con sus hijos/as y facilitaba las condiciones necesarias para la crianza en los casos de arresto domiciliario. Así como la línea Activar, que fomentaba iniciativas con las voces, deseos, ideas e intereses de adolescentes como protagonistas. También, el programa nacional de derecho a la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes y el Consejo Consultivo de Adolescentes.

A su vez, la resolución 148 había dejado sin efecto a los programas “Derecho al juego” y “Jugando construimos ciudadanía”, que buscaban estimular lazos de cooperación y solidaridad mediante la capacitación, la entrega de kits de juguetes y la formación a emprendedores jugueteros de la economía social. Una de las justificaciones fue que había un “solapamiento normativo” porque eran políticas similares. En vez de fusionarlas, se eliminaron ambas.

“En lo que refiere a las capacitaciones y formaciones, han desarmado a todos los equipos que trabajaban sobre normativas como la Ley Lucio Dupuy –para prevenir las violencias y abusos en la infancia–, la Ley Micaela Ortega –de prevención y protección frente al grooming– y la Ley Brisa que otorga una suma de dinero mensual y cobertura de salud a hijos e hijas de víctimas de violencia familiar o de género”, dijo semanas atrás a Tiempo Adolfo Dardik, delegado general de la Junta Interna de ATE Sennaf y miembro del consejo directivo de ATE capital.

“Las cesantías son la antesala de la debacle de todo el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes”, advertía Dardik por entonces.