Piden a la Justicia que se garantice la seguridad de los manifestantes

Luego de la cacería del jueves pasado, a través de una cautelar se exige al gobierno de Rodríguez Larreta que disponga las medidas necesarias para respetar las libertades públicas

El legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, presentaron una medida cautelar para exigir que el Gobierno de la ciudad garantice la seguridad de los manifestantes durante la jornada del lunes 18. En la presentación solicitan que la administración de Horacio Rodríguez Larreta disponga de las medidas necesarias para «garantizar el efectivo y pleno ejercicio de las libertades públicas» de quienes mañana se congreguen en los alrededores del Congreso nacional.

Recalde sostuvo que «al intervenir la Policía de la ciudad en el operativo previsto para mañana, es el Gobierno porteño el que debe resguardar los derechos de los ciudadanos». Explicó que «hemos visto una brutal represión el jueves pasado, seguida de detenciones arbitrarias, y no queremos que eso se repita porque atenta contra el derecho que todos tenemos a manifestarnos y expresar nuestra opinión». Catalano agregó que «muchos manifestantes resultaron heridos y hasta fueron reprimidos varios diputados de la oposición en un claro intento de amedrentar a trabajadores y trabajadoras, jubilados, estudiantes y a todos aquellos que sólo buscan que se escuche su voz en contra de este proyecto de reforma previsional».

Los dirigentes solicitaron a la Justicia que los efectivos de las fuerzas de seguridad que intervengan en la vía pública estén debidamente identificados, así como los móviles en los que operen, como exige la ley. En manifestaciones anteriores sucedieron disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados que, según distintas organizaciones, dirigentes y manifestantes, eran alborotadores infiltrados que pertenecían a las mismas fuerzas de seguridad. Los hechos referidos permitieron sembrar confusión suficiente para justificar la represión posterior y las detenciones que luego se probó eran arbitrarias e injustificadas.
En la presentación se solicita que la Justicia «disponga que el personal policial no lleve armas de fuego» y explica que «el protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial, es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas». A su vez destaca que el mismo protocolo establece que «la posta de goma y el material químico anti tumulto solo deberá utilizada como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes».

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