Piden apartar a los policías rosarinos responsables de la muerte de una docente golpeada en una comisaría

La familia de María de los Ángeles Paris, la docente que murió en una comisaría de Rosario hace más de dos años, elevó una presentación formal al ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al jefe de Policía de la provincia, comisario Marcelo Villanúa, solicitando el apartamiento de los efectivos imputados en la causa. Se trata del comisario Silvio Cortez y la sub oficial Susana Domínguez, acusados de los delitos de homicidio preterintencional e incumplimiento en los deberes de funcionario público; y los agentes Damián Zalazar, Silvina Gianotti y Andrea Allovatti, investigados, solo, por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que siguió el caso desde el principio y hasta lo denunció ante organismos internacionales, remarcaron que “es preocupante para la sociedad que un comisario imputado por homicidio preterintencional, quien reconociera en audios a su superior haberle pegado ´puñetes´ en boca y estómago a María de los Ángeles, continúe en su puesto sin inconvenientes, al igual que el resto de los imputados que actuaron de cómplices».

La referencia apunta a lo probado durante la investigación, a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, donde el comisario Cortez, a través de un audio de WhatsApp –conversaciones que fueron borradas y luego recuperadas en la pericia sobre los celulares de los imputados– se ufana ante la Inspectora de Zona de la URII, comisario principal Sandra Giupponi, de haber golpeado en la panza y en la boca a Paris. En un segundo mensaje el imputado tranquiliza a su superior, al explicarle que no quedaron registros en las cámaras de la seccional.

“También existe una conversación entre Cortez y un policía de la División Judiciales de la URII, que le avisa que están yendo a secuestrarle el libro de guardia. Lo está poniendo en conocimiento de una medida judicial urgente y secreta. Estas pruebas van en la misma lógica que los resultados de la segunda autopsia, que fueron muy distintos a los de la primera, que fue totalmente deficitaria”, remarca Santiago Bereciartua, uno de los abogados de la querella.

El primer estudio forense, a cargo del Instituto Médico Legal (IML), concluyó que se trató de una “muerte natural”. La reautopsia, en cambio, realizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constató “violencia ejercida sobre la víctima que le produjo sobre su cuerpo lesiones”, por ejemplo, “la fractura de arcos costales (7mo y 8vo)”.

El hecho

El 3 de mayo de 2017, alrededor de las nueve de la noche, Paris se presentó en la sala de guardia de la comisaría 10ª. Según declaró la agente Allovatti, la víctima requería algún tipo de atención médica. Por las cámaras del lugar se pudo reconstruir que, pocos minutos después, la mujer se retiró de la comisaría y cruzó hacia la Funeraria Oeste. Más tarde se la ve intentando treparse a las rejas de una casa. De acuerdo a la acusación de la fiscal, el comisario Cortez la agarró “de los pelos y del cuello” mientras era “sujetada” por la sumariante Domínguez “de las piernas” para ser reingresada a la seccional. Luego fue golpeada, esposada y abandonada en el piso de un calabozo donde finalmente murió.

Los abogados de la APDH, querellante en la causa junto con la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) Delegación Rosario y la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), habían solicitado para Cortez y Domínguez la imputación por torturas seguidas de muerte, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público junto con la sustracción o inutilización de objetos custodiados (las prendas que Paris vestía al momento de ser ingresada a la seccional 10° desaparecieron sin que nadie pudiera dar una explicación al respecto). Para los otros tres policías, en tanto, habían pedido la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción e inutilización de objetos custodiados. El juez penal José Luis Suárez rechazó el planteo de la querella y aceptó el de la fiscal, a la vez que decidió dejar en libertad a los imputados hasta el comienzo del juicio oral.

“María estaba atravesando una crisis –concluye Bereciartua– y en esa situación lo que menos tenés que hacer es esposarla, pegarle y tirarla en el piso. El modo en que reaccionaron los policías configura una tortura”.