Piden el desplazamiento de las empresas implicadas en la causa de los cuadernos

El viernes pasado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue muy enfático: acompañado por el secretario de Programación Económica, Guido Sandleris,  le dijo a un puñado de banqueros que las grandes constructoras nacionales involucradas en el escándalo de los cuadernos no eran responsables «de lo que hayan hecho los empleados».

El gesto del funcionario nacional, por contigüidad también el del presidente Mauricio Macri, fue una caricia sobre la llamada patria contratista después de dos semanas en el ojo de la tormenta.

Además de ejecutar una señal coherente con el estrecho lazo que existe entre la administración nacional y las grandes empresas, Dietrich envió un mensaje de seguridad a los financistas de las constructoras, especialmente a los radicados en el exterior.

Sin embargo, fronteras adentro, empresarios de otros sectores económicos y los analistas que siguen de cerca la complicada actividad local creen que la estrategia del gobierno es tardía y, en pocas palabras, que el daño ya está  hecho.

Como alternativa para sanar la imagen del país, los consultados pidieron que el gobierno y los jueces actúen contra el grupo bautizado como el «club de la obra pública» y consideraron preferible que esas empresas no vuelvan a incurrir en negocios con el Estado después del escándalo de los cuadernos.

Para el ruralista Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, la repercusión del tema «puso en juego la seguridad jurídica, que es lo que cualquier empresa busca para asegurar su inversión» y puede acentuar los déficits de vivienda e infraestructura, que desde todas las actividades productivas apuntan como límites para el desarrollo y la competitividad.

Además, congelaría forzosamente dos promesas de la propuesta que llevó a Macri al poder en 2015.

«Hay que asegurar igualdad ante la ley y dar el mensaje de que se va a aplicar la ley con firmeza», remarcó Iannizzotto en una apelación directa a los jueces. Y en paralelo, reclamó que el gobierno elabore un registro público de empresas. «El Estado debe dotarse de un  mecanismo de control para contratar a las compañías, para que aquellas que presenten antecedentes de violación de las normas no puedan participar del interés legítimo de las empresas legítimas», desarrolló.

Los empresarios ruralistas son los que enarbolan la posición más dura respecto del club de la obra pública. Dardo Chiesa, de las Confederaciones Rurales (CRA), salió al ruedo con un durísimo comunicado en la semana que pasó, en el que bramó contra «la vergonzosa actitud de empresas y empresarios», aunque limitó su observación a la actuación de esas compañías durante los gobiernos kirchneristas.

Menos enérgico se mostró el Foro de Convergencia,  que publicó un comunicado en apoyo a los funcionarios judiciales que investigan el caso revelado por el periodista Diego Cabot en La Nación. 

En tanto, en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, reconoció la preocupación de los industriales por las consecuencias del caso de los cuadernos en la recuperación de la economía.

Tras la declaración judicial del número dos de la entidad y de la multinacional Techint, Luis Betnaza, Tiempo intentó dialogar con varios dirigentes de la federación fabril pero no consiguió comunicarse.

Lo mismo pasó con representantes de la Cámara de Comercio, que se excusaron sin mayores detalles. Otra entidad que eligió la reserva absoluta fue la propia Cámara de la Construcción.

Ariel Aguilar, dirigente de la confederación CGERA, apuntó que desde la mirada de las pymes, «no creemos que esto sea extorsión (de los gobiernos previos a Cambiemos) como dicen los grandes empresarios», y afirmó: «Si se van a arrepentir deberían hacerlo por lo que hicieron en los últimos 30 años».

A la par, reclamó a las autoridades que no vuelvan a permitir la contratación de los involucrados «después de que asumieron las coimas», y pidió que se avance con un esquema que incluya a las pymes como proveedoras, aunque lamentó que «lo más probable es que sigan (en el gobierno nacional) con la misma lógica con otras empresas de mismo tenor o incluso con estas mismas».

Al cabo de una semana plagada de hipótesis sobre las fuerzas que operaron en el trasfondo del caso de los cuadernos, el analista internacional Miguel Ponce descartó la que sugería que se trataba de una consecuencia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. 

Por el contrario afirmó que «hoy tenemos un Lava Jato a la criolla», y advirtió que «pueden aparecer involucradas empresas internacionales» por medio de las uniones transitorias de empresas (o UTE) y que tengamos una ampliación por los alcances de las esquirlas.

Para Ponce, la gran cuestión será lo que suceda efectivamente con la obra pública real, aunque reconoció que lo que se verá es un adelanto de una situación «que igual hubiera pasado porque en la obra pública la recesión era inevitable desde antes» de que se revelaran los cuadernos de la polémica.

Hasta hora se analizaron las coimas como acciones de funcionarios corruptos. Pero también pueden ser vistas como una acción de empresas para blindar sus negocios y expulsar a la competencia. «