Piden investigar el bono eterno y las políticas económicas quedaron en tela de juicio

El bono a 100 años que colocó en el mercado el gobierno nacional y su mentor, el ministro de Finanzas Luis Caputo, ambos denunciados por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, ya tienen estado judicial y requerimiento de investigación. “Este fenomenal perjuicio descripto por el Estado es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, que en un lapso mínimo de una hora desde el lanzamiento de este bono por parte del Gobierno Nacional ya lo habían adquirido en su totalidad, excediendo tres veces con sus ofertas la cifra puesta a disposición”, advertía la denuncia, de la que se hizo eco el fiscal federal Juan Pedro Zoni.

Tras un par de días de análisis y reflexión, Zoni concluyó que detrás de la decisión de emitir el bono con vencimiento centenario podrían existir “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional”. El impulso a la investigación reabre una polémica que parecía zanjada en los tribunales locales hasta que el juez federal Claudio Bonadio resolvió cambiar un criterio de la propia Corte de Justicia para perseguir judicialmente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según Bonadio, la decisión de realizar operaciones de “dólar futuro” como medida para contener la presión hacia una devaluación en el final del gobierno anterior pudo haber constituido un delito. Se trata de una decisión de política económica que –acertada o no- estaba vedada a los jueces. Porque si un juez puede resolver si está bien o mal lo que decide un presidente en una decisión política, entonces la democracia se vacía de contenido.

Aquella postura fue contradicha por el juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó una denuncia por las ruinosas tasas de interés que pagan las letras del Banco Central (LEBAC). Pero la Cámara Federal confirmó a Bonadio y abrió una caja de Pandora que ahora puede llevar a cualquier sitio. Zoni le pidió al juez Ariel Lijo una investigación ante “el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas”.